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Protesta organizada por la Fundación Cultural Venezuela de Las Vegas frente de las fuentes del Bellagio. Sábado 15 de abril del 2017. (Foto: Daniel Clark).

Veintidós legisladores demócratas, incluyendo la senadora por Nevada Catherine Cortez Masto y el congresista por Nevada Ruben Kihuen, están solicitando al gobierno federal que otorgue a venezolanos un programa que da estatus legal a personas procedentes de países afectados por alguna tragedia.

Este jueves, el grupo de políticos envió una carta a Elaine Duke, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que se otorgue el TPS, o Estatus de Protección Temporal a todos los venezolanos elegibles que viven en Los Estados Unidos. “La situación en Venezuela es grave y cumple claramente con este estándar”, escribieron los legisladores.

El TPS (Temporary Protected Status, por su nombre en inglés) se asigna a un país cuando está bajo conflictos armados, epidemias o desastres naturales y esas condiciones impiden que personas elegibles de ciertas naciones regresen a su tierra de forma segura.  

Luz Rodriguez participa en la protesta organizada por la Fundación Cultural Venezuela de Las Vegas en frente de las fuentes del Bellagio. Sábado 15 de abril del 2017. (Foto: Daniel Clark).

El clima político y social en Venezuela está bajo una tensión constante. Disturbios y protestas han sido el pan de cada día por las diferencias entre seguidores del presidente Nicolás Maduro y sus opositores, quienes lo responsabilizan de orquestar actos de violencia, llevar al país a una grave crisis económica, y a una pérdida del orden constitucional.

El viernes 4 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, instaló la Asamblea Constituyente, que para muchos es ilegítima y que además busca sustituir la actual Constitución que fue creada por Hugo Chávez hace 18 años.

Un día después de que se dieron a conocer los resultados de esa jornada electoral, el Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos no solo clasificó al mandatario como dictador, sino que agregó su nombre a la lista de programas de sanciones económicas por debilitar la democracia en Venezuela.

El organismo especificó que todos los bienes y cuentas de Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos precedían a ser congelados, además de prohibir que los estadounidenses conduzcan negocios con el gobierno del mandatario.

Samantha Díaz sostiene una bandera venezolana durante una protesta organizada por la Fundación Cultural Venezolana en Las Vegas frente a las fuentes del Bellagio. Sábado 15 de abril del 2017. (Foto: Daniel Clark).

Bajo esa referencia, el grupo de legisladores indicó en su carta a Duke, que, si bien aplaudían las sanciones de Trump en contra del gobierno de Maduro, se debía atender la situación humanitaria en Venezuela.

“Conforme las condiciones continúan deteriorándose a manos del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro”, escribieron los legisladores, “le urgimos a que conceda Estatus de Protección Temporal a todos los venezolanos elegibles que actualmente están en los Estados Unidos”.

Los políticos resaltaron que Maduro continuaba imponiendo una dictadura corrupta y que el pueblo venezolano seguía sufriendo escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

Los senadores también expresaron su preocupación en caso de que los venezolanos radicados en Estados Unidos tuvieran que retornar a su patria, donde eran vistos como “traidores” e “imperialistas” por el gobierno de Maduro.

En una entrevista realizada en abril durante una protesta de venezolanos en Las Vegas, Erika Von Der Heyde, originaria de Caracas, dijo a The Nevada Independent en español que, a pesar de no tener restricciones para visitar su país, era considerada como una traidora para el gobierno venezolano por haber emigrado a Los Estados Unidos y naturalizarse como ciudadana.

Venezolanos en Las Vegas

La petición de los legisladores tiene lugar bajo el actual clima de incertidumbre que viven miles de personas de 10 países que actualmente están cubiertos bajo el llamado TPS (Temporary Protected Status, por su nombre en inglés).

Zoraida Caldera, directora de la  Fundación Cultural Venezuela, formada en esta ciudad en el año 2000 con el propósito de unir a  los venezolanos de Nevada y resaltar los valores de esa nación, aplaudió la iniciativa de los legisladores, pero dijo estar consciente de que Trump tendría la última palabra.

En una entrevista vía telefónica realizada este jueves, Caldera dijo a The Nevada Independent en español que, si se llegara a otorgar el TPS, el gobierno estadounidense tendría que hacer una investigación minuciosa de los solicitantes al programa para evitar la filtración de los llamados chavistas enchufados, que llegan a este país con dinero mal habido de Venezuela.

Zoraida Caldera, directora de la  Fundación Cultural Venezuela, durante una protesta organizada en Las Vegas frente a las fuentes del Bellagio. Sábado 15 de abril del 2017. (Foto: Daniel Clark).

El pasado 22 de mayo Kelly anunció que la prórroga para el TPS de Haití es válida solo por seis meses en lugar de 18, tiempo suficiente para que los haitianos hagan los preparativos necesarios para su salida final.

El Salvador es uno de los países que, al igual que Haití, también cuenta con TPS, designación otorgada en el 2001 por el entonces presidente de EU, George W. Bush, luego de dos terremotos que sacudieron a la nación centroamericana en enero y febrero de ese año.

Honduras y Nicaragua recibieron el TPS en 1999 y su vigencia es hasta enero del 2018, mientras que para El Salvador se extiende hasta marzo del 2018.

“A los legisladores les tocaría presentar un caso contundente”, dijo Caldera. “Con pruebas y testimonios de venezolanos que son víctimas de abusos en Venezuela”.

 

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