Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

Después de más de dos décadas de violar la ley estatal, la Junta de Farmacias de Nevada deberá eliminar el cannabis de una lista de sustancias controladas que se consideran de gran consumo, según dictaminó el miércoles pasado un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Clark.

La orden siguió una demanda presentada en abril por la Comunidad de Cannabis, Equidad e Inclusión (CEIC son sus siglas en inglés) en nombre de Antoine Poole, un residente de Las Vegas que fue condenado por posesión de una sustancia controlada que era marihuana en 2017. La condena se produjo el mismo año en que se legalizó el uso recreativo de la marihuana en Nevada.

Según la Agencia Federal de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), las sustancias se clasifican como Categoría 1 si no tienen "valor médico aceptado y tienen un alto potencial de adicción". Pero los votantes de Nevada legalizaron el uso del cannabis medicinal en el 2000, y otra pregunta electoral condujo a la legalización del cannabis recreativo en el 2017.

En julio, el juez del tribunal de distrito del Condado de Clark, Joe Hardy, denegó la moción de la Junta de Farmacias que intentaba desestimar el caso.

El miércoles pasado, en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, líderes farmacéuticos estatales argumentaron que el uso estándar del cannabis no es médico y, por lo tanto, continúan defendiendo su designación como sustancia controlada de Categoría 1.

Los abogados de la junta argumentaron que se confirmó la voluntad de los votantes porque la medida electoral no pedía cambiar la clasificación de la marihuana y que está determinada a nivel federal por la Ley de Sustancias Controladas de 1970. Dijeron que la posición del estado también está determinada por "autoridades y expertos relevantes" en los Estados Unidos, como la Administración de Alimentos y Fármacos, junto con varias organizaciones médicas y psiquiátricas que dicen que el cannabis no tiene valor médico.

Finalmente, Hardy rechazó sus argumentos y falló a favor de los demandantes.

“El cannabis como Categoría 1 está en conflicto con la ley de Nevada”, señaló Hardy el miércoles pasado en una audiencia.

El juez expuso que el valor médico del cannabis está “consagrado” en la ley de Nevada.

Según un estudio de la ACLU, de 2001 a 2018, los arrestos por delitos relacionados con el cannabis tenían tres veces más probabilidades de ocurrir entre los afroamericanos, sin embargo, la marihuana se usaba casi por igual entre los caucásicos. El estudio también encontró que las leyes sobre el cannabis crearon una disparidad en las sentencias, ya que las personas afroamericanas tenían más probabilidades de recibir condenas más duras.

Los activistas pidieron que las medidas cautelares incluyan que la Junta de Farmacias elimine el cannabis de la lista de sustancias controladas, elimine la designación de Categoría 1 y declare que la autoridad de la junta sobre la regulación del cannabis ya no existe en la ley de Nevada. Esto llega después de que los funcionarios del Condado de Clark otorgaron a tres organizaciones sin fines de lucro subvenciones por un total de $1.2 millones de los ingresos fiscales del cannabis para sellar registros de cannabis y liderar una iniciativa de sellado masivo de registros con alta tecnología.

Desde el año 2000, los nevadenses han podido comprar marihuana medicinal en los dispensarios, pero los abogados de derechos civiles dijeron que la Junta de Farmacia "forzosamente" continuó enumerando el cannabis de manera similar a las sustancias ilícitas, como la heroína y la metanfetamina.

Los abogados de ACLU argumentaron que la junta no tiene autoridad reguladora sobre el cannabis porque la ley autoriza “explícitamente” a la Junta de Cumplimiento del Cannabis a regular la administración de cannabis en Nevada. Peterson afirmó que la junta está excluida del sistema regulatorio del cannabis ya que el estatuto existe actualmente.

Pero el juez indicó que no emitirá un fallo sobre si el organismo gubernamental tiene autoridad reguladora sobre la marihuana hasta que ambas partes presenten borradores de órdenes en torno a este tema, mismos que vencen el 5 de octubre.

“Esta inconsistencia legal es una podredumbre en el núcleo del marco legal que rige la regulación de la marihuana”, advirtió Peterson. “Y la fuente de la podredumbre es la extralimitación de la agencia”.