Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, misma que aparece en The Nevada Independent.

Sucede con la precisión de un reloj.

Los candidatos dan a conocer sus aspiraciones para puestos políticos. Luego siguen los anuncios, dirigidos abiertamente a sus registros de votación y a otros temas.

Cuando los políticos anuncien su candidatura para un cargo público, publicaremos “Archivo Electoral 2018”.

En la primera parte de esta serie le presentamos  las posturas del Republicano Adam Laxalt, candidato para la gubernatura de Nevada, acerca de temas como el aborto, DACA, educación, o salario mínimo.

Conozca ahora su posición ante la pena de muerte, marihuana y energía, entre otros tópicos.

Marihuana

Laxalt se opuso públicamente a la legalización de la marihuana durante la campaña del 2016. Pero cuando el Fiscal de los Estados Unidos Jeff Sessions, anunció que iba a rescindir la orientación jurídica que le brindó a los dispensarios cierta confianza de que no pudieran ser clausurados por funcionarios federales, Laxalt se apresuró a señalar que él ha estado defendiendo las nuevas leyes y normas estatales sobre el consumo de marihuana con fines recreativos.

"Aunque me opuse a la iniciativa de la Pregunta 2 en la boleta electoral que proponía la legalización de la marihuana para fines recreativos en Nevada, también me comprometí a defender la medida si los votantes la aprobaban", dijo Laxalt en un comunicado. "Desde la promulgación de la Pregunta 2, mi oficina la ha defendido vigorosamente contra dos demandas que amenazaban con retrasar o incluso detener la aplicación de la ley, y ha apoyado la formulación y adopción de reglamentos para permitir que los dispensarios empiecen a vender marihuana para fines recreativos seis meses después de la promulgación de la ley.

Laxalt no asumió una postura clara acerca de la acción de Sessions y no se comprometió a luchar contra la nueva política.

"Mi oficina ha facilitado de manera expedita la implementación de la ley frente a una gran incertidumbre en torno al estatus de las actividades judiciales a nivel federal", agregó. "La Oficina del Fiscal General de Nevada está revisando la carta del Departamento de Justicia acerca del retiro del Memorando Cole, y evaluará las consecuencias para nuestro estado".

Pena de muerte

El año pasado Laxalt dijo a Nevada Appeal que cree en la pena de muerte a pesar de ser un Católico devoto. El diario informó que el fiscal declinó comentar acerca de la próxima ejecución de Scott Dozier, señalando que él representa al Estado y a las acciones legales relacionadas con la ejecución.

Jordan Smith, uno de los subordinados de Laxalt, ha estado presentando argumentos ante la corte a nombre del Departamento de Correcciones de Nevada. La agencia quiere utilizar una combinación de tres fármacos a la hora de aplicar la inyección letal, pero un juez prohibió la tercera sustancia, diciendo que podría confundir las señales de que los otros dos medicamentos no funcionan y hacer que el recluso padezca un "horrible" cuadro de asfixia que sería la causa de muerte.

El estado, que defiende el plan original de un cóctel con los tres medicamentos, solicitó y obtuvo una suspensión de la ejecución hasta que la Suprema Corte de Nevada analice el tema.

Energía

Laxalt forma parte de los 25 miembros del Comité de Opción Energética del Gobernador que está puliendo los detalles de una iniciativa para abrir a la competencia el mercado monopólico de la energía en Nevada. Laxalt dijo que apoya la medida subyacente, la Pregunta 3, que será sometida a una segunda votación estatal consecutiva este año.

Otras incursiones del fiscal general en la política energética han incluido luchas contra los mandatos de energía renovable.

En el 2016, Laxalt apoyó una batalla legal de múltiples estados contra el Plan de Energía Limpia del Presidente Barack Obama, cuyo objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El documento, que argumentaba que los estados tienen derecho a decidir por sí mismos las normas relativas a las emisiones, no fue solicitado por Sandoval.

"Estamos viendo repetidamente más regulación federal que está menos vinculada al texto real de las leyes pero las agencias federales no afirman que son la base de sus reglas", indicó Laxalt en un comunicado.

Los expertos dijeron que Nevada, que se basa en el carbón para generar sólo el 3 por ciento de su energía y tiene mucho menos centrales de carbón que otros estados, en realidad estuvo bien posicionada para cumplir las metas del plan de energía limpia. No obstante, la Administración Trump anunció en octubre planes para derogar el reglamento.

Laxalt indicó en su sitio de Internet que apoya un "enfoque equilibrado y sensato" de la política energética.

"Yo también me opondré a los esfuerzos para imponer o expandir el costoso y engorroso mandato para los proveedores de energía, que sólo conduce a precios más altos que perjudican a las familias de Nevada, y que tiene un efecto especialmente dañino para las personas con ingresos más bajos", afirmó. "Al mismo tiempo, seguiré firmemente comprometido en mantener los reglamentos que son verdaderamente necesarios para garantizar la seguridad y la salud de nuestro medio ambiente".

Derechos de las personas homosexuales

En el 2014, durante su candidatura, Laxalt dijo que no se hubiera rendido tan pronto a la hora de defender la provisión de la Constitución de Nevada acerca de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. En ese momento, la entonces Fiscal General Demócrata Catherine Cortez Masto y el Gobernador Republicano Brian Sandoval anunciaron que la prohibición a nivel estatal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ya no era defendible.

"En elecciones consecutivas, los electores definieron el matrimonio como les pareció y ahora es parte de nuestra Constitución", dijo Laxalt a Las Vegas Sun. "Creo que si los votantes quieren enmendar esa definición del matrimonio dentro de nuestra Constitución, tienen la capacidad y el derecho de hacerlo".

Al año siguiente, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló 5-4 respecto a que los estados ya no pueden negar actas de matrimonio a las parejas gay.

Laxalt no enlista cuestiones sociales en el sitio de Internet de su campaña del 2018 y sus portavoces no contestaron a una pregunta acerca de su postura actual sobre este asunto. Sin embargo, recientemente participó en una batalla que enfrenta los principios anti-discriminatorios con las libertades religiosas.

En septiembre, Laxalt incluyó a Nevada en un informe respaldando a una florista quien se negó a hacer un arreglo para la boda de una pareja del mismo sexo.

La Suprema Corte del Estado de Washington dictaminó el año pasado que la florista Barronelle Stutzman, de 72 años de edad, debe preparar un arreglo personalizado para la boda, aunque tiene una creencia profundamente religiosa de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Stutzman ha argumentado que no se opuso a vender un arreglo previamente elaborado, sino que no estaba de acuerdo en crear un diseño personalizado.

El caso está siendo apelado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. El escrito está firmado por representantes de 14 estados, incluyendo a Laxalt y es dirigido por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton.

Impuestos

Laxalt dijo que estaría dispuesto a firmar una promesa de no crear impuestos nuevos, como la del activista anti-impuestos Grover Norquist.

"No podemos hacer que nuestro estado reprima a los negocios y la creación de empleo con más impuestos", dijo Laxalt.

También señaló que apoya los esfuerzos para revocar el Impuesto al Comercio, promulgado en el 2015 y aplicado a empresas  en Nevada con ingresos de al menos $4 millones de dólares cada año. Se ha proyectado que esto generará un monto neto de $195 millones de dólares en dos años. Los funcionarios fiscales del estado estiman que aproximadamente 5,500 empresas ya pagaron el impuesto.

El Gobernador Brian Sandoval se opuso firmemente al esfuerzo de revocar el impuesto, mismo que figura entre sus logros y que formó parte de un paquete de mayor recaudación que ha respaldado una serie de iniciativas en materia educativa. Sandoval ha retado a sus adversarios a que expliquen qué recortes harán si eliminan esa fuente de dinero.

Laxalt respondió que no será necesario recortar nada.

"Si estamos siendo fiscalmente responsables, no deberíamos necesitar el Impuesto al Comercio. El Impuesto al Comercio representa menos del 1 por ciento del total de los ingresos del Estado, una parte muy pequeña de nuestro presupuesto", dijo. "No planeo reducir ningún programa como resultado de su eliminación, especialmente no en sectores vitales como la educación. En la medida que nuestra economía continúe creciendo, veremos ingresos adicionales procedentes de otras fuentes".

Laxalt tiene razón al decir que el Impuesto al Comercio representa menos del 1 por ciento de los aproximadamente $26 billones de dólares que el estado recauda en más de dos años en su presupuesto total, que incluye una porción considerable “de dinero de paso” para apoyar el programa Medicaid y otros fondos federales.

Sin embargo, el Impuesto al Comercio es más significativo cuando se le considera como una fuente de ingresos para el fondo general — la fuente de dinero que la Legislatura divide para proporcionar fondos para las escuelas, las cárceles y otros servicios estatales. El Impuesto al Comercio representa alrededor del 2.4 por ciento del ingreso de $8 billones que proviene del fondo general.

Como prueba de su conservadurismo fiscal, la oficina de Laxalt promovió el ahorro obtenido como parte de una reestructuración.

"He mostrado un compromiso con la responsabilidad fiscal desde la Fiscalía General. He administrado un departamento de 400 empleados y encuadré el gasto cuando identificamos áreas de desperdicio de recursos e hicimos recortes en el 2015 y el 2017, para ahorrar millones de dólares a los contribuyentes. Voy a hacer lo mismo como gobernador, así como lo hizo el Gobernador Sandoval cuando pidió un recorte del 5 por ciento propuesto para cada departamento".

Laxalt se refiere al presupuesto del gobernador durante su último ciclo, en el que Sandoval pidió a las dependencias proponer una lista de deseos presupuestales y luego decir qué recortarían si tuvieran que reducir el 5 por ciento.

"Ser un líder significa administrar el dinero de los contribuyentes en forma responsable y fijar prioridades de gasto", dijo.

"Los nevadenses merecen un gobernador que se asegure de que cada uno de los dólares de los contribuyentes se gasten eficientemente y esa es exactamente la clase de gobernador que voy a ser".

Armas de fuego

El año pasado, Laxalt dirigió un discurso en la convención de la Asociación Nacional del Rifle a la que también asistió el Presidente Donald Trump. El grupo dijo que cuando se trata del derecho a portar armas, hay que luchar lo más que se pueda y la violación de ese derecho es señal de deterioro.

En la página de Internet de su campaña, Laxalt se describe como un "orgulloso y firme partidario de la Segunda Enmienda”.

"Alarmantemente, hemos visto muchos intentos en los últimos años — tanto por parte de los legisladores de extrema izquierda aquí en Nevada y los fanáticos anti-armas fuera del estado— infringir nuestros derechos de la Segunda Enmienda", escribió en el apartado de "asuntos" de su página de Internet. "Los nevadenses deben saber que como gobernador me opondré a esta clase de intentos a futuro, y seguiré tratando el libre ejercicio del derecho de los ciudadanos a portar armas como algo sagrado y no negociable".

Laxalt se opuso públicamente a la Pregunta 1, una medida en la boleta electoral del 2016 que habría requerido la verificación de antecedentes para más ventas y transferencias de armas y que fue respaldada por el Grupo de Seguridad para el Uso de Armas Everytown del ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. La iniciativa fue aprobada con un margen de menos 1 punto porcentual después de una costosa campaña, pero todavía no se ha implementado luego de que en diciembre del 2016 la oficina Laxalt opinara que la medida es defectuosa e inaplicable.

En un dictamen de seguimiento en octubre, su oficina sugirió que podría haber una manera de aplicar la medida, pero la solución sugerida por los proponentes sería "singular y sin precedentes". El estado ha sido demandado y Laxalt (así como Sandoval) han sido duramente criticados por el tema de la verificación de antecedentes, incluyendo vía Twitter y en un editorial de The New York Times  pocos días después de la masacre en el Las Vegas Strip.

En respuesta al furor que generó la medida de la boleta electoral, Sandoval dijo que instruyó al Departamento de Seguridad Pública para llevar a cabo la verificación voluntaria de antecedentes entre vendedores privados en forma gratuita, en vez de cobrarle $25 dólares a cada uno. Laxalt escribió un artículo de opinión en Las Vegas Review-Journal a finales de octubre, señalando que había recibido amenazas de muerte contra su esposa y sus hijas menores debido a este asunto, y argumentó que no era su trabajo implementar la medida y que el lenguaje de la boleta electoral estaba viciado.

"El papel del fiscal general es proveer una opinión legal, cuando se le pide, basado en un análisis de la ley. Eso es exactamente lo que hice", escribió. "Tampoco es trabajo del fiscal general corregir los errores de un grupo de activistas fuera del estado que diseñaron mal una iniciativa que es inaplicable porque no se tomaron la molestia en familiarizarse ni con la legislación de Nevada ni con las prácticas del FBI antes de enviarla a la boleta electoral".

Ante la pregunta de si apoya la prohibición de bump stocks, dispositivos que permiten disparos tipo ametralladora cuando se colocan en rifles semiautomáticos, y que tenía en su poder Stephen Paddock, el gatillero del tiroteo en Las Vegas Strip, Laxalt indicó que estaba abierto a revisar normas adicionales.

"Yo copatrociné una carta con los fiscales generales de otros estados pidiendo al Congreso que realice un cuidadoso proceso de deliberación para evaluar si los bump stocks deben regularse de la misma manera que las armas que son completamente automáticas", dijo Laxalt. "Estoy de acuerdo con muchos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que dicen que los dispositivos diseñados para permitir que los fusiles semiautomáticos funcionen como armas totalmente automáticas deberían estar sujetos a regulaciones adicionales".

Asuntos de Veteranos

El fiscal general, quien sirvió en Irak como Auditor Militar General de la Marina, ha tratado de forjar un nicho como defensor de los veteranos. Puso en marcha una oficina de asistencia jurídica y militar, una cámara de compensaciones para los abogados que trabajan pro bono para ayudar a los veteranos y a las familias de militares con sus problemas legales.

El esfuerzo — llamado @ease — obtuvo el premio "Champion of Justice" de la oficina de Servicios Legales de Nevada en Las Vegas luego de que en su primer año de operación ayudara a 900 personas a obtener apoyo legal.

También solicitó $300,000 dólares para la construcción de un Memorial para los Veteranos junto al Capitolio estatal en Carson City. El dinero provino de un arreglo que el estado recibió tras una demanda legal contra Johnson & Johnson acerca de medicamentos sin receta. Los legisladores aprobaron el concepto del memorial en la sesión legislativa del 2013.

Montaña Yucca

Aunque Laxalt apoyó al presidente Trump durante su campaña, hizo una fuerte declaración en contra de la decisión del gobierno de presupuestar la exploración del desarrollo de Yucca Mountain para hacer un depósito de desechos nucleares.

"En los próximos años, voy a continuar la batalla contra las extralimitaciones federales – una batalla en contra de un indeseado repositorio de desechos nucleares en la Montaña Yucca, en nuestro amado estado de Nevada" indicó en un comunicado en marzo.

Su oficina trabaja con la oficina del gobernador y la Oficina estatal de Proyectos Nucleares para frenar dicho desarrollo.

"Nevada continuará litigando en contra de este asunto agresiva y plenamente. Tenemos muchos reclamos fuertes en contra de la propuesta del depósito nuclear", escribió. "Si la administración Trump sigue por este camino, nos esperan muchos años de prolongados litigios que confiamos finalmente ganaremos".

Estadio

Mientras que Laxalt dice que se opone a la imposición de nuevos impuestos, no asumió una postura a favor o en contra de la medida que los legisladores hicieron en el 2016 para elevar los impuestos a hoteles en el sur de Nevada y proporcionar financiamiento público para el Estadio de los Raiders en Las Vegas. Uno de los principales donantes de la campaña de Laxalt, el magnate de casinos Sheldon Adelson, estuvo estrechamente involucrado en el proyecto cuando los legisladores aprobaron el gasto, pero posteriormente se retiró.

"Esta es una cuestión irrelevante porque el tema ya fue debatido y ahora el estadio de los Raiders está avanzando", dijo Laxalt. "Como todos los nevadenses, espero y creo que tener una franquicia de la NFL en Las Vegas será un gran beneficio para nuestro estado y que los fondos se utilizarán sabiamente".

Lea aquí la primera parte de esta nota: