Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

A medida que se van preparando las elecciones primarias Republicanas para gobernador, el Alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, está tratando de replantear la decisión que tomó hace dos años para retirar su agencia de una asociación de cumplimiento migratorio basado en cárcel conocida como 287(g), y está reafirmando en la campaña electoral que él ha desempeñado un papel en la deportación de 10,000 personas.

El retiro del acuerdo — que se dio después del fallo de un juez de California contra elementos centrales de las asociaciones entre autoridades federales de inmigración y jurisdicciones locales; y después de que grupos como la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) argumentaron que condujeron a arrestos inconstitucionales y sin orden judicial — fue celebrado por defensores de los inmigrantes como una victoria inesperada en aquel momento. 

Pero en la contienda hacia las primarias, Lombardo está tratando de deshacerse del apodo de "Joe Santuario" y de las críticas del principal candidato Republicano a las primarias, Dean Heller, de que "Las Vegas se convirtió en una ciudad santuario".

“Apuesto que le pueden preguntar a cualquier otro candidato cuando los confronten en el futuro, pregúntenles a cuántas personas removieron del estado de Nevada. Pregúntenles”, dijo Lombardo en julio y entre aplausos, al club de Mujeres Republicanas de Southern Hills, según grabaciones revisadas por The Nevada Independent. “Me refiero a decir, eh, 10,000. Me siento cómodo con ese número".

El miércoles, Lombardo aclaró que esa cifra se extendió a lo largo de su carrera, resaltando que las deportaciones promediaron en cerca de 1,100 anualmente durante los recientes tres años.

Lombardo agregó que el número de deportaciones tendió a fluctuar de un año a otro y de una presidencia a la otra, donde la prioridad de ciertos delitos ha cambiado; en particular, aumentando del Presidente Barack Obama al Presidente Donald Trump.

Lombardo recientemente tuiteó que "desarrolló un sistema interno para identificar y denunciar a inmigrantes ilegales" después de que la ACLU interpuso una demanda para evitar que la policía utilizara una base de datos nacional supuestamente plagada de errores. Representantes de la ACLU dijeron que el tuit era la primera vez que escuchaban acerca del sistema y reiteraron que eso genera preocupaciones.

“Parece ser, en el mejor de los casos, no es transparente y, en el peor, es una violación atroz de los derechos civiles, y algo que realmente va en contra de la noción de ser transparente y abierto con el público sobre lo que está sucediendo”, afirmó Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada.

Michael Kagan, director de la Clínica de inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) que defiende a quienes enfrentan la deportación, explicó que los defensores de los inmigrantes han sospechado durante mucho tiempo que la policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aún estaban cooperando de manera informal, incluso después de que la policía de Las Vegas se retiró formalmente de la asociación hace dos años.

Kagan indicó que la preocupación es que, en lugar de que se esté dando prioridad a quienes son una amenaza para la seguridad pública, la policía de Las Vegas podría estar entregando a personas que no tienen estatus legal pero que han tenido una vida tranquila en la comunidad antes de toparse con la policía.

Lombardo dijo que no creía que tales políticas de aplicación de la ley de inmigración hayan tensado la relación entre la policía y la comunidad hispana.

Policía de Las Vegas y el cumplimiento de inmigración

Defensores de los inmigrantes han criticado durante años las formas en que la policía local ayuda a las agencias federales con la aplicación de la ley de inmigración. Una relación tan cercana puede hacer que infracciones menores conduzcan a una deportación; incluso si están lejos de ser "Lo peor de lo peor" — un grupo que Lombardo identificó en 2019 como el foco de la remoción.

Los opositores dicen que esto también puede hacer que los indocumentados no llamen a la policía por delitos graves porque temen ser deportados. Se estima que el 7 por ciento de la población de Nevada es indocumentada, lo cual equivale a unos 210,000 individuos.

En octubre de 2019, la ACLU envió una carta a Lombardo exponiendo las razones por las que creía que la asociación 287(g) de su agencia era ilegal.

Menos de dos semanas después, Lombardo anunció que su agencia pondría fin a su acuerdo 287(g), aunque agregó que el fallo de la corte fue un "revés" y la dependencia indicó que "continuaría trabajando con ICE en el Centro de Detención del Condado Clark en la remoción de personas sin estatus legal que hayan cometido delitos violentos”.

Entre las preocupaciones que planteó la ACLU en 2019, estaban las fallas en una base de datos que ICE usaba para identificar a quienes deberían ser objeto de una retención. Lombardo se centró en ese punto cuando un reportero de The Nevada Independent le pidió detalles sobre el sistema interno para identificar a inmigrantes indocumentados que ha promocionado en la campaña electoral.

“Ya no podemos usar esa base de datos. El juez decidió que era inconstitucional, tenía fallas. Los datos eran defectuosos”, dijo el mes pasado después de un evento inaugural de la oficina de campaña en Las Vegas. “Así que, en consecuencia, en lugar de depender de una base de datos, simplemente ahora hablamos por teléfono directamente a ICE para determinar si la persona que tenemos bajo custodia es de interés para ellos y si desean removerla”.

The Nevada Independent ha presentado a la policía de Las Vegas una solicitud de acceso a registros públicos en busca de más documentación acerca de en qué consiste el sistema.

Diferentes audiencias, diferentes mensajes

Durante su campaña electoral Lombardo ha adoptado diferentes tonos al describir sus acciones relacionadas con la inmigración.

En un evento con la organización de derechos civiles NAACP a mediados de julio, Lombardo argumentó que el programa 287(g) no era tan severo como a veces se le describe, y que el número de solicitudes de retención que llevaron a la deportación alcanzó un máximo de sólo 42 por ciento durante la administración Obama.

También le irritaba que en un artículo de un periódico lo citaron apoyando la "tolerancia cero con los inmigrantes indocumentados", diciendo que eso "es absolutamente falso" y el punto que había estado tratando de hacer era que su agencia solo trabaja para conectar a las personas con ICE después de que han sido arrestadas por otro motivo.

Pero más tarde ese mes, ante el grupo de mujeres Republicanas, Lombardo hizo su afirmación de que había contribuido a la expulsión de 10,000 inmigrantes del país. El 9 de septiembre, tuiteó que él "aseguraría que las ciudades santuario estén prohibidas", y el 10 de septiembre, tuiteó a favor de "una política de 'tolerancia cero' para la inmigración ilegal y, como su gobernador, implementaré esa política en todo el estado para protegerlo a usted, a sus hijos y a sus nietos".

Kagan agregó que cree que esa cifra es probablemente una exageración y un ejemplo de "fanfarronería" de la campaña, según su análisis de una base de datos de inmigración realizado por la Universidad de Syracuse. Pero agregó que las declaraciones podrían disuadir a las personas que necesitan ayuda para que no se acerquen a la policía.

A pesar de sus comentarios previos sobre la inmigración ilegal, Lombardo pareció dar marcha atrás el miércoles y dijo que esa caracterización de su punto de vista, y las acciones del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, "no era precisa".

“Tengo una política proactiva para abordar a los inmigrantes, inmigrantes indocumentados que han cometido delitos, y nuestra política de inmigración en LVMPD es abordar a las personas que han sido arrestadas”, dijo Lombardo este miércoles durante un desayuno de Hispanics in Politics. "Las personas que pasan por la comunidad, que están en la comunidad y contribuyen a la comunidad, aunque sean indocumentados, no nos dirigimos a ellos de manera proactiva como una agencia de cumplimiento de la ley".

Jacob Solis y Jannelle Calderón contribuyeron con esta información.