Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

Alejandra Hernández y su esposo vivían con el Jesús en la boca. Día y noche pensaban en la hija de un año que dejaron en El Salvador, su país natal.

Cuando hace 10 años llegaron a los Estados Unidos para conseguir mejores trabajos y poder mandar dinero a su familia, nunca imaginaron que habrían de tomar una de las decisiones más difíciles de sus vidas: Mandar traer a su hija y a la abuela para salvarlas de las pandillas.

"Estaban amenazando a mi mamá", dijo Hernández a The Nevada independent a principios de este mes, después de asistir a un evento para celebrar una donación de $250,000 dólares por parte del abogado Ed Bernstein que ayudará a UNLV a continuar apoyando a los menores migrantes no acompañados debido a que el financiamiento gubernamental se terminó.

“Ella tenía un puestecito de ropa y ya le habían robado todas las cosas del negocio. Querían que cada mes les estuviera dando una cierta cantidad, porque si no, las iban a matar”.

En el 2014, la abuela y la niña, quien en ese entonces tenía 8 años de edad, comenzaron su largo viaje hacia los Estados Unidos en compañía de extraños, en un momento en el que decenas de miles de personas se dirigieron hacia este país huyendo de la violencia en Centroamérica.

Entre octubre del 2013 y mayo del 2014, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 46,188 niños menores de 17 años que llegaron a los Estados Unidos desde Centroamérica.

Hernández dijo que fue un viaje lleno de hambre, frío, miedo, y muerte, porque hubo quien se quedó a medio camino. La niña a veces no puede dormir en la noche porque lo recuerda todo.

A pesar de lo que vivieron durante la larga travesía, lograron llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. Allí encontraron otro obstáculo: La abuela fue deportada, y la niña terminó en un albergue donde permaneció cerca de una semana.

A los Hernández esos días les parecieron eternos. La abuela les contó lo sucedido; gracias a un comercial de televisión donde aparecía un número telefónico de ayuda para las familias de menores no acompañados, y después de hacer muchas llamadas, se pusieron en contacto con las autoridades que estaban cuidando a la niña.

“La niña me llamaba todos los días”, dijo Hernández. “La trataban bien y jugaba, pero lloraba y lloraba, y me decía: ‘Mami, sácame de aquí por favor”.

Una trabajadora social del refugio viajó con la niña para devolvérsela a sus padres en Las Vegas. La familia al fin estaba reunida.

Aunque ya habían iniciado el proceso legal por su cuenta, no tenían abogado. Hernández dijo que la ayuda llegó en el momento justo, a través de una carta ofreciéndoles representación legal para menores no acompañados como su hija. Se trataba de la Clínica de Inmigración de UNLV.

Con una sonrisa en el rostro y un brillo especial en la mirada, la madre de familia comentó que la niña obtuvo su asilo político y que el próximo mes iniciarán los trámites para que la obtenga su residencia legal.

Hernández dijo que se siente muy agradecida por la asistencia jurídica que ha recibido a través de la Clínica de Inmigración, y que le da gusto saber que el programa que ayudó a su familia — ahora conocido como el Programa de Derechos de los Niños Edward M. Bernstein y Asociados en honor a su nuevo benefactor — será extendido para que otros niños también se puedan reunir con sus padres.

No se garantiza tener un abogado en la corte de inmigración, pero poder contar con uno aumenta drásticamente las posibilidades de que alguien evite la deportación.

“No contábamos con el dinero para hacer el trámite legal de nuestra hija”, dijo Hernández.  “Decidimos venir y todo fue un éxito. Le doy gracias a Dios por tener una ayuda como la que dan. Si no hubiera sido por ellos, pienso que mi hija hubiera sido deportada a El Salvador”.

El papel de UNLV

Justo cuando el número de menores no acompañados que llegaban a los Estados Unidos aumentó en 2014, la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho Boyd School of Law de UNLV obtuvo dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para brindarles defensa legal. La escuela fue uno de sólo siete programas en todo el país que recibieron el dinero.

Dos abogadas recién tituladas, financiadas con becas anuales de $24,000 dólares a través de un programa de AmeriCorps, trataron de evitar la deportación de niños y adolescentes. De otro modo muchos de esos niños hubieran enfrentado solos a un juez en los tribunales de inmigración, que no proporcionan defensores públicos como las demás cortes.

"Estos niños son enviados a los Estados Unidos porque sufren violaciones, casan a las jovencitas con pandilleros, y mueren en ataques terroristas en estas ciudades", dijo Bernstein, abogado de Las Vegas cuya donación permitirá mantener en marcha el programa durante los próximos cinco años. "Mi esposa y yo sentimos que es importante para nosotros dar un paso y proporcionarles algunos fondos para que puedan contar con abogados que representen a estos niños".

Representantes de la clínica de inmigración de UNLV consideran que el dinero ayuda a salvar vidas, pero dicen que también esperan más. La clínica actualmente tiene 108 casos abiertos — una pequeña porción de los 1,500 casos de inmigración que están abiertos en Las Vegas y que involucran a niños — 400 de ellos aún no tienen abogados que trabajen con los procesos de deportación.

Para complicar aún más las cosas para los niños, la Administración Trump cerró parte de un programa llamado Menores Centroamericanos que permitió a jóvenes que tratan de huir de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala reunirse con sus padres que se encuentran legalmente en los Estados Unidos.

El programa, creado por la administración de Obama, ofreció estatus de refugiado a jóvenes que pudieran establecer un temor de persecución en sus países de origen, y cuyos padres estaban legalmente en los Estados Unidos. Si esos niños no recibían aprobación para obtener el estatus de refugiado — el caso de cerca de dos tercios de los solicitantes — podrían conseguir un permiso renovable de “residencia condicional” por dos años, el cual les permitía venir a los Estados Unidos y continuar su búsqueda de un estatus legal más permanente en un lugar seguro para ellos, como los Estados Unidos.

En agosto, la Administración Trump terminó con la parte del programa de residencia condicional y retroactivamente anuló la aprobación de unos 2,714 niños a quienes ya se les había concedido dicho estatus pero que aún no habían viajado a los Estados Unidos. Las familias con parientes cuya residencia condicional fue cancelada ahora se preocupan por la seguridad y la vida de los niños que se quedaron relegados.

"Básicamente lo que hicieron fue acabar con cualquier medio legal para que los niños que huyen de la violencia de Centroamérica puedan venir aquí", dijo el director de la Clínica de Inmigración de UNLV, Michael Kagan. "El procurador general ha dicho que ‘son lobos con piel de oveja,’ y a eso nos estamos enfrentando al defender a estos niños".

Kagan se refiere a la declaración que hizo el Procurador General Jeff Sessions en septiembre argumentado que los criminales centroamericanos relacionados con la violenta pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) están utilizando los programas de refugiados como una herramienta de reclutamiento y sacando provecho del sistema de menores no acompañados.

El caso típico

Kagan dijo que, a menudo, los niños que reciben ayuda legal a través de la Clínica de Inmigración de UNLV se han tenido que esconder antes de venir al norte. Frecuentemente, eran trasladados de casa en casa y de pueblo en pueblo en Centroamérica con la esperanza de que encontraran un lugar seguro antes de que sus familias los enviaran a los Estados Unidos.

Ese viaje con frecuencia involucra pasar por México acompañados de extraños y viajar en un tren llamado "La Bestia" hasta que puedan llegar a la frontera. Cuando llegan a Las Vegas, usualmente es porque tienen familia aquí, como padres trabajando en los Estados Unidos y quienes han estado enviado dinero a sus países.

Kagan dijo que algunos de los casos en los que actualmente están trabajando han pasado a una fase más complicada, y los abogados deben lidiar con un entorno federal incierto que ha alterado los programas de inmigración incluyendo el DACA y el TPS (Estatus de Protección Temporal).

Mientras que el gobierno local y las autoridades estatales en otras partes del país están destinando recursos públicos para brindarlos a los abogados de las personas que enfrentan la deportación, Nevada no ha considerado seriamente esa posibilidad.

"No creo que haya ninguna visión política que permita que esto suceda en el condado de Clark o en la ciudad de Las Vegas, así que dependeremos de la filantropía privada para que nos apoye este año", dijo Kagan.

Kagan agregó que espera que UNLV pueda convertirse en una pieza central para conseguir asistencia legal para los inmigrantes, como ocurrió este otoño, cuando se ayudó a jóvenes DREAMers con sus solicitudes para renovar DACA, tras el anuncio de su cancelación. Pero él dice que van a necesitar más de $250,000 dólares para mantener el ritmo.

Bernstein, cuya esposa creció en Perú cuando el país estaba sumido en el terrorismo y sufriendo una violencia similar a la que actualmente hay en Centroamérica, dijo que espera que el obsequio de la pareja inspire a otros a dar un paso al frente y donar.

"Tengo la sensación de que en este país ahora hay una oleada de interés en la gente porque ve que el gobierno federal no va a hacer las cosas", dijo. "Creo que a final de cuentas esto es algo bueno, porque creo que llena a la gente de energía y no sólo se quedará sentada esperando a que otras personas lo hagan… ahora es ‘la responsabilidad es nuestra’”.