Miles de beneficiarios de un programa que durante casi dos décadas les ha brindado alivio contra la deportación y permisos para trabajar en los Estados Unidos, recibieron este jueves la noticia de que esas protecciones se extenderán por otros nueve meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que ciudadanos de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán que tienen Estatus de Protección Temporal o TPS seguirán contando con una extensión automática, por lo que no es necesario que vuelvan a hacer trámites ni algún tipo de pago.

Sus permisos de trabajo, indicó el DHS, continuarán siendo válidos hasta el 2 de enero de 2020.

El DHS señaló que la medida es resultado de su cumplimiento con la orden de una corte federal que está impidiendo que DHS cancele las protecciones de TPS para beneficiarios de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán.

La prórroga se convierte así en un respiro temporal para quienes están cobijados por el programa, cuyo destino es incierto, como destacaron defensores del TPS.

“Si bien le damos la bienvenida a esta victoria, no puede distraer la urgencia y la necesidad para una reforma legislativa sólida que brinde soluciones permanentes para todos los titulares del TPS”, dijo en un comunicado José Palma, portavoz de la Alianza Nacional TPS. "Los beneficiarios de TPS siguen estando a la vanguardia para defenderse de los ataques racistas contra nuestras comunidades”.

En 2017, la administración Trump anunció que cancelaría o daría una extensión final acerca del estatus legal a cientos de miles de beneficiarios de TPS de Yemen, Nepal, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras, dejando así a miles de beneficiarios en riesgo de la deportación si el Congreso y el gobierno federal no llegan a una solución permanente.

A mediados de febrero de este año, beneficiarios del TPS para Nepal y Honduras se unieron al  grupo de otros países que el año pasado presentaron una demanda contra la administración Trump por haber cancelado paulatinamente sus protecciones

El Fiscal General Aaron Ford incluyó a Nevada en un informe para apoyar la conservación del TPS y fue uno de los 22 fiscales generales quienes expresan su apoyo a Ramos v. Nielsen, el caso a favor presentado en marzo a favor del programa por parte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros, que se encuentra ahora ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Bajo el TPS, quienes habían estado viviendo en los Estados Unidos cuando sus países de origen se vieron afectados por desastres naturales o conflictos importantes, y estaban en peligro si volvían a sus hogares, podían vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador confirmó que mantendrá su compromiso de continuar gestiones ante las autoridades estadounidenses en busca de contribuir a una solución definitiva al estatus migratorio de sus beneficiarios TPS.