Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Activistas por los derechos de los inmigrantes están presentando una demanda contra la Ciudad de Las Vegas debido a sus políticas de mantener a las personas tras las rejas por tiempo extra únicamente bajo la sospecha de que pueden estar en el país ilegalmente.

El Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (The Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF) y el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas realizaron una conferencia de prensa este viernes en el Ayuntamiento de Las Vegas para anunciar la acción.

“La Cuarta Enmienda protege a todos, independientemente del estatus migratorio, de la detención sin causa probable", dijo Adrián Hernández, abogado de MALDEF. "Estamos retando la política y la práctica de la ciudad de sus funcionarios para detener a las personas más allá del tiempo que deberían haber sido liberadas".

Lo que está en tela de juicio son las “retenciones” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o solicitudes de funcionarios de inmigración para mantener a las personas en la cárcel durante 48 horas más allá del tiempo que de otra manera lo harían por los cargos locales por los que fueron arrestados por primera vez. 

Ese tiempo extra permite a los funcionarios de inmigración recoger a las personas en cuestión y trasladarlas a detención de inmigración de manera segura.

Dichas "retenciones" son discrecionales. La regulación federal no exige que las agencias de aplicación de la ley mantengan detenidas a las personas a quienes se les emitieron las retenciones; y para que esas dependencias sometan legalmente a una persona a una nueva incautación, la agencia debe tener una causa probable.

El Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas y MALDEF están trabajando a nombre de la demandante Alicia Moya, quien fue detenida en julio de 2018 por una infracción menor de tránsito y arrestada en una orden de detención por multas sin pagar. 

En la cárcel, se le preguntó de dónde era originaria y dijo que había nacido en México; tras lo cual fue interrogada por un agente de ICE, según la demanda. A su familia no se le permitió pagar la fianza.

Moya fue sentenciada a 10 días en la cárcel por sus infracciones sin pagar, pero el día que estaba programada para ser liberada, la demanda indica que habló con una mujer oficial quien le dijo que no sería "liberada a las calles". 

Luego estuvo detenida por casi 24 horas después de su liberación ordenada antes que oficiales de ICE la tomaran en custodia.

"Todo lo que necesito saber es cuándo la ciudad va a dejar a ICE en el pasado y pasar a ser simplemente la ciudad", dijo Moya en la conferencia de prensa del viernes.

La Cárcel de la Ciudad de Las Vegas, que generalmente alberga a personas acusadas de delitos menores, ha sido cuestionada por parte de defensores de los inmigrantes, quienes dicen que la práctica de hacer cumplir las retenciones ahí suele poner en problemas a los detenidos por infracciones menores; como multas de tránsito que aparecen en su historial.

La Policía Metropolitana de Las Vegas anunció el pasado otoño que suspendería el llamado programa 287(g), que involucra una sociedad con ICE y el uso de retenciones. Poco después, la Ciudad de Las Vegas anunció que ya no usaría las retenciones.

Con base en los datos obtenidos mediante solicitudes de registro público, los demandantes argumentan que la ciudad continuó con la práctica, incluso después de anunciar que dejaría de hacerlo.

“Las autoridades municipales han engañado al público”, dijo Bliss Requa-Trautz, directora del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas. 

Los datos muestran que las personas seguían siendo retenidas más allá de su liberación programada antes de ser entregados a agentes de ICE incluso hasta diciembre de 2019.

Una corte federal en California dictaminó el otoño pasado que las retenciones son inconstitucionales a menos que exista un estatuto específico a nivel estatal para autorizarlas, afirmando que encarcelar a alguien por un tiempo adicional a petición de ICE constituía un nuevo arresto y violaba las protecciones de la Constitución contra búsquedas y arrestos sin motivo.

Cuando se les preguntó acerca de la demanda, funcionarios de la ciudad dijeron que no comentan sobre un litigio en curso.

Pablo Alvarado, miembro de la junta directiva de Arriba, se mostró optimista acerca del avance del caso:

“Vamos a ganar porque la Constitución está de nuestra parte y la moral está de nuestro lado”, dijo.