Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en de The Nevada Independent.

Después de casi 10 años de lucha, esta semana activistas en defensa de la inmigración respaldaron la decisión del Alguacil del Condado Clark Joe Lombardo de retirarse de una controvertida relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) agencia que, ante sus críticos, se ha convertido en una temida manifestación física de las duras políticas de la administración Trump y su retórica anti-inmigrante.

Al anuncio del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) de suspender el programa 287(g) le siguió la decisión de la Ciudad de Las Vegas este jueves de no usar las “retenciones” de ICE, que son peticiones de las autoridades migratorias para mantener a las personas en la cárcel por más de lo debido para dar oportunidad a ICE de ir por ellas.

Ambas jurisdicciones se refirieron al fallo de una corte federal en California en contra de dicha práctica el mes pasado, respaldando el argumento de que encarcelar a una persona por un período adicional a petición de ICE significa una nueva detención y la violación de las protecciones constitucionales en contra de pesquisas e incautaciones exageradas.

“Esta decisión demuestra que el programa 287(g) que fue utilizado para aterrorizar y criminalizar a nuestra comunidad inmigrante, es inconstitucional”, concluyó en un comunicado Erika Castro, organizadora de inmigración con la Alianza de Liderazgo Progresivo de Nevada.

Críticos han argumentado que el 287(g)— en el que agentes de LVMPD que cuentan con capacitación especial realizan algunas de las tareas de agentes de inmigración dentro de las cárceles — es un uso inadecuado de los recursos locales destinados para prioridades federales y que canaliza a inmigrantes hacia la deportación sólo por tener infracciones de tránsito o haber cometido faltas menores, en lugar concentrarse únicamente en los delincuentes violentos.

Pero aún quedan preguntas acerca del alcance de la suspensión del 287 (g) a lo largo del estado. La directora adjunta de la oficina de campo de ICE en Las Vegas, Dana L. Fishburn, argumentó que cortar este lazo “hará que los residentes del Condado Clark estén menos seguros” y que “sólo beneficiará a los criminales”.

Fishburn dijo que ICE espera “continuar las conversaciones con el Condado Clark en cuanto a cómo cooperar con la policía federal en beneficio del público” y ofreció estadísticas sobre dicha colaboración: En el año fiscal 2018, el programa tuvo 1,307 encuentros, incluyendo 586 con criminales convictos.

La Ciudad de Henderson, cuya cárcel no sólo alberga reos locales, sino inmigrantes detenidos porque la ciudad le renta camas a ICE, señaló que no tenía un acuerdo formal con el programa 287(g) y precisó que la decisión de California no le afecta.

Bliss Requa-Trautz, del grupo activista pro inmigrante Centro de Trabajadores Arriba! Las Vegas señaló que la decisión de Lombardo de poner fin a la colaboración con el programa 287(g) en su totalidad — lo cual implica proporcionar personal de la policía local al ICE, entre otros elementos — fue más allá de lo requerido por el fallo de la corte.

“Creo que es importante reconocer que el alguacil en este momento no tuvo que renunciar al 287(g) o suspenderlo para dejar de usar las retenciones”, dijo.

Los activistas dicen que están revisando la implementación de la nueva política. La policía todavía puede cooperar de manera menos formal con ICE, por ejemplo, liberando de la cárcel a quienes enfrentan la deportación en el momento preciso en el que ICE pueda interceptarlas.

Lombardo dijo al anunciar la política que su agencia “seguirá trabajando con el ICE en el Centro de Detención del Condado Clark para expulsar a personas sin estatus legal que hayan cometido crímenes violentos”.

Arriba no quiere más cooperación con ICE que la mínima requerida por ley, y argumentan que esa es la única manera de recuperar la confianza entre la policía y las familias inmigrantes, especialmente entre familias que han sido separadas a causa de las deportaciones que desencadenó el 287(g).

“Esta decisión no rectifica el daño que ya se hizo”, señaló en un comunicado Felicia Añorve, activista de Arriba. “Necesitamos un fin permanente a la colaboración entre la policía y ICE en Las Vegas, y necesitamos que familias como la mía se recuperen después de haber sido irreparablemente perjudicadas por el Sheriff Lombardo y ICE”.

La reportera Luz Gray contribuyó a esta nota informativa.