Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Un juez del Condado Washoe determinó que Nevada está en desacato de una orden judicial emitida este verano que mandó al estado a pagar a tiempo a miles de personas que habían estado recibiendo beneficios pero que fueron interrumpidos sin una razón aceptable ni una audiencia.

El juez Barry Breslow emitió su fallo este jueves después de una audiencia que duró todo el día y que incluyó testimonios de solicitantes y personal del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por sus siglas en inglés). 

Breslow también está multando al estado con $1,000 dólares por dicha violación; una cantidad que podría aumentar si se estima que 9,000 solicitantes afectados no recibirán su pago para este 24 de diciembre. 

“Este tribunal no se complace en absoluto en amonestar al estado, particularmente cuando he comentado una y otra vez acerca del esfuerzo extraordinario que la gente del estado está haciendo para ayudar a los necesitados”, dijo Breslow. “Pero han pasado de cuatro a cinco meses. Estas personas necesitan que se les pague".

Breslow admitió que su orden inicial del 22 de julio de que el estado pagara a miles de solicitantes antes del 28 de julio daba muy poco tiempo para ejecutar la orden. También explicó que no determinó que el DETR estuviera en desacato por su evaluación de fraude, o por tener muy pocas pruebas de que ciertas reclamaciones por falta de pago fueran fraudulentas.

Pero el juez encontró que el estado estaba reteniendo pagos de manera inapropiada para miles de solicitantes que podrían ser elegibles para un programa diferente para el que están aplicando; como los solicitantes del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) para empleados eventuales que también han laborado en trabajos más tradicionales que les permite reunir los requisitos para el pago del programa tradicional de desempleo.

“La orden de la corte en ese entonces, ni hoy, está instruyendo al estado a pagar a las personas que tienen beneficios de desempleo disponibles”, dijo Breslow. “Lo que hizo la corte en el verano fue que, si se empezó a pagarles, no se les puede dejar de pagar sin que tengan una audiencia, sin que tengan la oportunidad de protestar”.

Las partes también acordaron que, si el estado puede demostrar que otro programa o estado le paga a una persona, el DETR no tendrá que pagar dos veces.

Breslow reconoció que el estado podría enfrentar graves consecuencias por parte del gobierno federal si paga a las personas en violación de las regulaciones gubernamentales para el programa de desempleo, pero aún así dijo que los funcionarios del DETR no están avanzando al ritmo correcto.

La audiencia surge a partir de una demanda en curso presentada por el abogado de Reno, Mark Thierman, quien ha argumentado que los pagos a los solicitantes de PUA están muy atrasados ​​y buscó penas tan severas como la cárcel para funcionarios estatales que no hayan cumplido con las instrucciones que giró la corte para pagar.

Otra audiencia está programada para las 9 a.m. del 31 de diciembre, cuando se espera que Breslow verifique si el DETR cumplió con la orden.