La administración Trump revirtió décadas de política migratoria el verano pasado cuando determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe encarcelar a casi todas las personas que enfrentan deportación, incluso si han vivido en los EE.UU. durante años y no tienen antecedentes penales. Pero el martes, una corte federal de Nevada emitió un fallo en contra de esa política, indicando que viola la ley federal y causa un "daño irreparable" a quienes son arrestados. 

La decisión, que emitió el Juez de Distrito de los EE.UU. Richard Boulware II, marca la primera vez que una demanda colectiva en Nevada anula una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y podría afectar a cientos de personas, permitiendo que más de 60 por semana soliciten su liberación en Nevada.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, una de las partes demandantes, indicó que esto podría permitir que miles de detenidos por motivos de inmigración soliciten libertad bajo fianza y que abarca a inmigrantes a nivel estatal que reúnan los requisitos. 

El fallo representa un éxito para defensores de la inmigración en Nevada, que se han opuesto a la creciente colaboración del gobierno local con ICE. 

Desde que el Presidente Donald Trump volvió a asumir el cargo, los arrestos por motivos migratorios han aumentado en Nevada, y la mayoría de los detenidos no ha tenido antecedentes penales violentos. El estado también alberga uno de los centros de detención más sobrepoblados en el país.

"La decisión tiene grandes consecuencias trascendentales", dijo a The Nevada Independent Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU Nevada. "Si esta decisión se sostiene, la gente tendrá la oportunidad de reunirse con su familia".

Cómo funciona

La administración Trump ha promovido la política — conocida como "detención obligatoria" — como clave en su campaña de deportación masiva. La regla, que aplica a inmigrantes que ingresaron a los EE.UU. sin inspección y fueron detenidos dentro del país, no solo condiciona a más personas a detención mientras impugnan la deportación, también les impide solicitar a un juez de inmigración que considere su libertad bajo fianza. 

Más de 100 jueces en todo el país han emitido un dictamen en contra de esa regla, considerándola una violación de los derechos al debido proceso, ya que impide que las personas disputen su detención.

Antes de la implementación de la política, quienes no habían cometido delitos graves o a quienes se les entregó una orden de expulsión en la frontera, podían solicitar una fianza.

En un comunicado emitido el viernes, un portavoz del DHS dijo que "La Suprema Corte ha rechazado reiteradamente a los activistas en estas cuestiones. ICE tiene la ley y los hechos de su lado, y seguirá acatando todas las decisiones de la corte hasta que el tribunal más alto del país las anule en última instancia".

El fallo ya está teniendo repercusiones. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), que representa a clientes que enfrentan deportación, dijo la semana pasada que ya ha visto que se han otorgado fianzas que de otro modo se habrían negado.

Kagan añadió que la posibilidad de que una persona sea puesta en libertad bajo fianza puede marcar una gran diferencia en su vida, permitiéndole regresar con su familia y ver a sus hijos mientras espera avances en su caso.

La decisión permitiría que no ciudadanos sin estatus legal o quienes estén en proceso de deportación en Nevada puedan solicitar un amparo. 

Para el 7 de abril, el gobierno está obligado a publicar avisos referentes al fallo en áreas comunes cuando las personas ingresen a un centro de detención de inmigrantes. Para el 14 de abril, los centros deben proveer formularios para que las personas puedan impugnar su encarcelamiento ante una corte.

Kagan agregó que, antes de que la administración Trump implementara la regla de detención obligatoria, los jueces de inmigración negaban sistemáticamente libertad bajo fianza a inmigrantes que consideraban un peligro para la sociedad.

"Esta política no era acerca de un peligro para la sociedad", dijo Kagan. "Se trataba de encarcelar a inmigrantes indocumentados".

La Clínica de Inmigración de UNLV y la ACLU de Nevada presentaron la demanda a nombre de Victor Ramirez y Edgar Alcantar después de que se les negaron audiencias para fianza. Ambos llegaron a los EE.UU. como menores de edad y no tenían antecedentes penales. A ambos se les concedió audiencia para fianza en noviembre después de que se interpuso la demanda.