Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Los pequeños negocios que luchan por pagar la renta durante la actual pandemia de COVID-19 pronto podrían tener un alivio financiero: Un nuevo programa de subsidios de asistencia para pago de renta comercial administrado por el estado y financiado por el gobierno federal que pagará hasta $10,000 de dólares para ayudar a prevenir desalojos.

Durante una reunión de la Comisión Provisional de Finanzas este miércoles, los legisladores estatales acordaron reservar $20 millones en dólares federales de la Ley federal Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) para contribuir a financiar el programa, dirigido a pequeños negocios que han visto reducir sus ingresos significativamente durante la pandemia.

El Tesorero del Estado, Zach Conine, quien presentó a los legisladores los detalles del plan, dijo que la eliminación gradual de la moratoria de desalojo del estado significa que Nevada necesita tomar medidas proactivas para evitar una "ola de desalojo comercial en todo el estado".

A principios de este mes los legisladores aprobaron un programa similar financiado por dólares de la Ley CARES que asignó $50 millones a inquilinos residenciales atrasados en sus pagos de renta. Más de 3,000 inquilinos presentaron solicitudes para el programa durante su primera semana.

Antes de que el programa de ayuda para el pago de renta comercial entre en vigor, la Junta de Examinadores, integrada por el gobernador y otros funcionarios electos a nivel estatal, lo debe aprobar en su reunión de agosto.

Así es como funcionará el programa:

Los negocios deben cumplir con un cierto número de criterios antes de poder solicitarlo, incluyendo no tener más de 50 empleados de tiempo completo, demostrar al menos un 30 por ciento de pérdida en los ingresos brutos mensuales causados por la pandemia, estar basado en Nevada, estar en operaciones desde al menos septiembre de 2019; y no haber recibido ningún otro fondo de subvención de fuentes locales o federales para ayudar con los pagos de renta perdidos.

Los solicitantes tampoco son elegibles si tienen pendientes impuestos fiscales federales, estatales o locales.

Los fondos se pagarían directamente a los propietarios comerciales, quienes deben acordar suspender los desalojos contra el negocio durante 90 días después de que se realice el pago.

Los fondos se otorgarán como prioridad a lo que el estado llama "Negocios Comerciales en Desventaja”, una categoría definida en la ley estatal y que abarca a negocios cuyos dueños son mujeres, una minoría, o un veterano.

Conine dijo que esperaba un período de solicitud de una semana, y que la revisión y procesamiento de los pagos demorarían unos 14 días después de que un negocio presente una solicitud inicial.

Varios legisladores expresaron su preocupación por castigar a negocios que pueden haber recibido la ayuda necesaria de otros programas, o permitir de manera inadvertida que grandes empresas o franquicias reciban fondos destinados a las pequeñas empresas.

Aunque los fondos fueron aprobados con solo unos cuantos votos, varios legisladores Republicanos se sintieron ofendidos por la forma en que la propuesta del programa excluiría categorías como:

• Negocios que funcionen desde el hogar
• "Empresas orientadas a adultos"
• Salones de masaje, excluyendo los autorizados por el estado para fisioterapia, terapia de masaje, reflexología o integración estructural.
• Licorerías
• Compañías de fianzas
• Establecimientos para cambio de cheques, negocios de préstamos de día de pago u otros "Operadores de préstamos a corto plazo"
• Minimercados
• Negocios relacionados con cannabis

Conine señaló que la lista de empresas exentas fue desarrollada por un grupo de trabajo interno y estaba dirigida a negocios que podrían mostrar "la mayor cantidad de necesidad y la forma más fácil de demostrarlo".

El Asambleísta Republicano Jim Wheeler dijo que no era justo excluir a ningún tipo de empresa que paga impuestos al estado, y señaló que tanto los negocios como las licorerías probablemente estaban sufriendo después del cierre comercial no esencial de dos meses en Nevada.

"No les vamos a dar la ayuda, y me parece arbitrario", dijo.