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Partidarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) se manifiestan frente al letrero de Bienvenidos a Las Vegas el martes 21 de agosto de 2018. (Foto: Jeff Scheid/The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Un fallo de la corte de apelaciones autoriza al gobierno federal a que continúe con su plan de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para seis países, incluyendo El Salvador; medida que podría significar que miles de nevadenses quienes han vivido legalmente en los Estados Unidos durante décadas enfrenten la deportación el próximo año.

La decisión de 2-1 de un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito este lunes anula una orden judicial emitida por una corte inferior que había impedido que el Departamento de Seguridad Nacional cancelara el TPS; un programa que brinda estatus legal temporal y renovable a quienes no pueden regresar a sus países de origen debido a guerras, desastres u otras crisis.

Sin embargo, muchos beneficiarios del TPS han estado en los Estados Unidos tanto tiempo, que tienen raíces significativas en el país, incluyendo hijos quienes son ciudadanos estadounidenses y asisten a la escuela.

"Es otro ... desastre", dijo este lunes en una llamada de prensa Wilna Destin, una demandante y beneficiaria del TPS originaria de Haití. "Nos quieren castigar por nuestro color, por el lugar donde nacimos, por todo, pero no elegimos ... dónde nacer, no elegimos de qué color nacer".

Más de 400,000 beneficiarios del TPS viven en los Estados Unidos, incluyendo más de 4,000 en Nevada. Cerca de 450,000 ciudadanos estadounidenses viven en un hogar con un beneficiario del programa, incluyendo unos 280,000 niños nacidos en los EE. UU. quienes son menores de 18 años y podrían verse obligados a mudarse a un país que no conocen, o a separarse de sus padres si ellos pierden el TPS y son deportados.

Defensores del programa temen que se podría llegar a una pérdida de empleos a gran escala cuando las personas pierden la capacidad de trabajar legalmente, así como resultar en ejecuciones hipotecarias y ansiedad a causa de la deportación una vez que pasan a un estatus indocumentado.

El panel encontró que la impugnación de los demandantes al procedimiento administrativo que se usó para decidir la terminación de las designaciones TPS en 2017 y 2018 no fue revisable por la corte porque tenía más que ver con el fondo de la decisión, que con los procedimientos o regulaciones.

El panel también revocó la decisión de una corte inferior en apoyo al argumento de que la terminación del TPS estaba motivada por el racismo. La corte de apelaciones indicó que si bien el Presidente Donald Trump expresó animosidad racial hacia los inmigrantes no anglos, y aunque la Casa Blanca influyó en decisiones de TPS, no había evidencia de que Trump buscara influir personalmente en las decisiones de concluir los programas.

Ahilan Arulanantham, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU), quien representa a los demandantes, dijo en una llamada con reporteros que él y sus clientes no están de acuerdo con esos dos puntos.

“Ese es un estándar increíblemente alto. Nadie podría alcanzarlo jamás”, dijo acerca del análisis en que se basó la corte para determinar si estaba en juego la discriminación racial.

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), dijo que el fallo era un recordatorio de que, si bien el sistema judicial puede ganar tiempo para los inmigrantes, solo puede llegar hasta cierto punto; especialmente cuando el Congreso está estancado: "El presidente tiene un poder inmenso sobre una máquina que tiene la capacidad de ser increíblemente cruel".

“Creo que para aquellos de nosotros que escogimos [estudiar] leyes porque sentimos la ley, la Constitución podría ser una protección contra los impulsos más oscuros que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia, este caso y muchos otros que han salido en años recientes son un terrible balde de agua fría”, dijo Kagan. "Ese terrible recordatorio de que en los momentos más cruciales de nuestra historia, las cortes a menudo no nos salvan".

Según el fallo, lo más pronto que el gobierno podría terminar el TPS para Haití, Sudán, Nicaragua, Nepal y Honduras es el 5 de marzo, y lo antes posible para los beneficiarios salvadoreños es el 5 de noviembre del 2021, dijo Arulanantham. Las autorizaciones de trabajo actuales para los beneficiarios de los seis países afectados están vigentes hasta el 4 de enero del 2021.

Arulanantham dijo que los demandantes planean buscar una revisión en la que todos los jueces, en lugar de un pequeño panel, considerarían el caso, y esos plazos podrían extenderse si la corte toma el asunto.

Los titulares del TPS pueden obtener una autorización de trabajo que les permite laborar en áreas como la industria de casinos de Nevada en lugar de estar restringidos a labores fuera de la ley.

“Se le dice a la gente: '¿Por qué no hacen fila? y luego no les damos una fila para entrar”, dijo Kagan. "Y el TPS es un ejemplo de eso".

No existe un camino individualizado para que los beneficiarios del TPS soliciten la residencia legal permanente. Si una persona era indocumentada cuando llegó a los EE. UU., es probable que deba abandonar el país durante al menos 10 años mientras solicita la residencia.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, y quien es originario de El Salvador, dijo que el Congreso debe actuar y agregó que los votantes tendrán la oportunidad de derrocar a la administración Trump en noviembre.

“Sabemos que tenemos que cambiar la administración para conseguir a alguien que entienda de lo que se trata y también comprenda la contribución de las personas con TPS”, dijo Palma en la llamada con la prensa. “En lugar de escondernos, avanzaremos. Y enfrentaremos el mal con amor".

Tras conocerse la decisión, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que todos los salvadoreños amparados por el TPS tienen protección migratoria por 1 año y 2 meses más.

“Las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca y el año pasado negociamos un año extra, si venía una resolución judicial negativa”, dijo. “Ahora tenemos más de un año completo (1 año y 2 meses para ser exactos), para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, que también deben ser protegidos por ambos países”.

Actualizado a las 9:30 p.m. para agregar comentarios de Michael Kagan.

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