Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

Sintiéndose decepcionados, desilusionados y traicionados, miembros del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas se reunieron este miércoles por la noche tras enterarse que la administración del Presidente Joe Biden y los abogados que representan a cientos de miles de inmigrantes no llegaron a un acuerdo sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La caída de las conversaciones que tomaron un año pone a más de 337,000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras en riesgo de deportación a partir del 31 de diciembre.

“Creo que nos sentimos doblemente traicionados porque pensamos … que ahora tendríamos un aliado [en la Casa Blanca], y que podría usar su poder para decidir que los Tepesianos sigan en este país después de 20 años”, dijo Francis Garcia durante una reunión virtual organizada por Arriba Las Vegas; un grupo sin fines de lucro que aboga por los trabajadores inmigrantes. “Pero decidió no hacerlo”, agregó.

El TPS, creado en 1990, permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrezca protecciones de deportación temporal y permisos de trabajo a inmigrantes de 15 países en donde ha habido conflictos que dificultan o hacen que para ellos sea inseguro regresar.

Desde hace año y medio, la administración Biden ha anunciado extensiones del TPS para haitianos y sudaneses que viven en los EE. UU., pero ha dejado en el “limbo” a personas de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras.

De acuerdo con Arriba Las Vegas, cerca de 6,300 beneficiarios del TPS viven en Nevada.

Durante años, beneficiarios del TPS han presionado por una legislación que codifique protecciones y obtención de la residencia permanente. Aunque el TPS no da directamente a los beneficiarios un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, algunos titulares del programa que sean elegibles pueden solicitar la residencia permanente.

Sin embargo, a partir de junio de 2021, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que aquel beneficiario del TPS que haya ingresado al país sin ser "inspeccionado" en un puerto de entrada no es elegible para convertirse en residente permanente desde dentro de los Estados Unidos.

Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, para obtener estatus de residencia, aquel beneficiario del TPS que inicialmente haya ingresado al país “sin inspección” debe irse y pasar por el proceso de visa. Pero para muchos beneficiarios, regresar a su país de origen para una entrevista de visa les impediría volver a ingresar a los Estados Unidos hasta por 10 años.

Muchos beneficiarios del TPS han estado en los EE. UU. durante más de dos décadas. Según Arriba Las Vegas, hay 5,200 niños hijos de beneficiarios del TPS quienes son ciudadanos estadounidenses y viven en Nevada.

Nazareth Jimenez, de 18 años, tenía 14 en 2018 cuando se entabló la demanda Ramos vs. Nielsen contra la decisión del ex Presidente Donald Trump de ya no permitir que inmigrantes de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador vivieran en los EE. UU. bajo el TPS.

“Ha pasado mucho tiempo y todavía estamos en el limbo”, dijo Jimenez. “Durante tantos años, he luchado  al lado de mi mamá … No me parece justo que [el Presidente Joe Biden] hizo la promesa de darnos justicia, la justicia que merecemos, y ahora decidió que siempre no”.

Miembros de Arriba Las Vegas dijeron que están decepcionados con la administración Biden, especialmente porque durante su campaña presidencial, él prometió que respaldaría el TPS y daría a los beneficiarios un camino hacia la ciudadanía, junto con los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros que son indocumentados, pero viven y trabajan en la comunidad.

Otros comentaron sentirse utilizados solo como una estrategia de campaña para ayudar a que Biden fuera electo. Aunque los beneficiarios del TPS no son elegibles para votar, sus hijos ciudadanos sí pueden hacerlo.

“Hemos sido como piezas de ajedrez. Nos mueven para un lado y para otro. Pero quiero recordarle a Biden … usted prometió y no cumplió”, dijo Florisela Lopez, beneficiaria del TPS. “Deje de engañar porque eso es frustrante para muchos”.

También hay preocupaciones sobre cuál será el efecto dominó de la decisión para DACA y personas indocumentadas sin ningún tipo de protección, pues hay familias que podrían tener una mezcla de estatus migratorios.

En Nevada, se estima que hay 179,000 inmigrantes indocumentados, según el Centro de Estudios Migratorios.

Aunque las negociaciones de conciliación han terminado, la demanda ahora está en manos de la Corte de Apelaciones del 9º. Circuito, que decidirá en el próximo mes si concede o niega la solicitud de volver a escuchar este caso. Si se otorga, o no se decide antes del 30 de noviembre, abogados que defienden a los inmigrantes en el caso dijeron que los programas TPS se extenderán en promedio nueve meses como parte de una estipulación en el caso de la corte.

Pero Arriba Las Vegas no está dejando que el desánimo ponga fin a su lucha.

“Se van a cansar de nosotros porque no nos vamos a rendir”, señaló Garcia. “No perdamos los ánimos … Sé que estamos preocupados, pero hay que estar más ocupados. Así que no nos preocupemos tanto. Hay que tomar acción”.