La decisión de una jueza del Condado Clark la semana pasada de descartar por motivos técnicos una demanda contra el acuerdo entre la policía de Las Vegas y funcionarios federales de inmigración, deja interrogantes acerca de cómo opositores al llamado programa 287(g) lo pueden seguir refutando. 

En octubre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada presentó una demanda contra la colaboración 287(g) a nombre de su cliente Sergio Morais-Hechavarria.

Aunque el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD o Metro) puede retener a un reo por 48 horas adicionales para permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo tome bajo su custodia, Metro detuvo a Morais-Hechavarria por casi dos meses a pesar de que una corte ordenó su liberación para ingresarlo a un programa de tratamiento de drogas para pacientes internados.

La demanda argumentaba que Metro estaba alojando personas ilegalmente a nombre del gobierno federal y que no tenía autoridad para detener individuos por violaciones de inmigración, entre otras quejas.

Días después de que se presentó la demanda, Morais-Hechavarria fue deportado. Debido a eso, la juez Mónica Trujillo indicó que la legitimidad de la ACLU para oponerse a su deportación era "irrelevante", diciendo que el fallo no tendría ningún efecto sobre Morais-Hechavarria de cualquier manera

Trujillo agregó que la corte no puede distinguir si agentes de Metro pusieron en libertad a una persona al final de su caso penal o si estuvo bajo custodia por más tiempo como resultado de una orden de retención de ICE, lo que hace "imposible" determinar si Metro está deteniendo personas ilegalmente.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, dijo que la corte se estaba "lavando las manos" y agregó que es probable que él apele el caso.

"La corte nos impone la responsabilidad de demostrar quiénes son cada una de las personas afectadas, pero el LVMPD no comparte esa información, y el tribunal no fija una audiencia donde podamos solicitarla formalmente", dijo Haseebullah. "Lo realmente destacable es que la corte no se pronunció sobre la legalidad del acuerdo".

La demanda representó uno de los retos más considerables contra colaboraciones 287(g) en Nevada, que juegan un papel significativo en el sistema de deportaciones en el estado. Al menos otras tres jurisdicciones  locales han firmado acuerdos desde el inicio de la segunda administración del Presidente Donald Trump.

La colaboración de Metro dio lugar a que ICE detuviera al menos a 240 personas desde que el convenio entró en vigor en diciembre, casi medio año después de su firma formal.

En una entrevista, Haseebullah señaló que los tribunales podrían ser el mecanismo más eficaz para impugnar el 287(g) en Nevada. El estado, indicó, tiene una legislatura de mayoría Demócrata, pero tiene un gobernador Republicano, lo que genera frecuentes conflictos en políticas públicas.

Intentos legislativos previos para poner fin al acuerdo 287(g) han fracasado y, aunque progresistas lograron aprobar algunas protecciones en 2025, han tenido que enfrentar retos en un estado con tendencias partidistas indefinidas.

"Es difícil lograr que las cosas se hagan", dijo Haseebullah a The Nevada Independent. "Si a final de cuentas el gobernador va a vetar, ¿cuál es el impacto real de lo que la Legislatura puede hacer en este momento?".

La Asambleísta estatal Demócrata Selena Torres-Fossett, quien patrocinó una iniciativa de ley que habría bloqueado los acuerdos 287(g), dijo que espera seguir oponiéndose a tales colaboraciones en la sesión 2027. 

En la sesión legislativa especial 2025, ella ayudó a que se aprobaran algunas nuevas protecciones para familias inmigrantes, como limitar la aplicación de la ley migratoria en planteles escolares.

"Creo que se necesita detener el 287(g). Esta política afecta negativamente a familias de Nevada", agregó la legisladora.

Haseebullah indicó que el acuerdo de Metro con ICE podría ser diferente al de otras jurisdicciones. Como unidad policial consolidada que supervisa gran parte del Condado Clark, Metro no solo responde a un solo gobierno municipal, sino que está bajo la supervisión del Alguacil Kevin McMahill, quien es un funcionario electo.

"No funciona de la manera tradicional, donde uno simplemente puede entrar y presionar a todo un consejo municipal o presentarse en una junta pública para lograr algo", dijo Haseebullah.

Aunque Trujillo rechazó la petición, ella dijo que la ACLU tenía la autoridad para presentar demandas relacionadas, como la de que Metro está deteniendo ilegalmente a personas incluso después de que se hayan resuelto sus cargos penales. 

Haseebullah agregó que, a medida que ICE ha aumentado su número de detenciones, también se ha incrementado los motivos para iniciar un litigio.

"No es 100 por ciento seguro que vamos a apelar", dijo. "También hay otras opciones con respecto a detenciones que se han emitido, si es que necesitamos proceder de esa manera".

Metro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Pulsa en este reporte previo para conocer más detalles de cómo funciona el 287(g). También compartimos este video que la Periodista de Telemundo Las Vegas, Martha Vazquez Saldaña, realizó en exclusiva acerca de cómo se ejecuta dicho programa en el Centro de Detenciones del Condado Clark.

El video fue publicado por Telemundo Las Vegas y compartido en The Nevada Independent en Español como parte de un acuerdo de colaboración informativa.