Un día después de que Las Vegas fue incluida en una lista federal de jurisdicciones consideradas como obstruccionistas de la ley de inmigración, la Líder Republicana de la Minoría Republicana en el Senado estatal, Robin Titus, pidió a Nevada — y en particular al área de Las Vegas — que aumente la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acabar con la inmigración no autorizada.

La declaración de Titus insta a las fuerzas del orden a participar en el programa voluntario 287(g) — que autoriza a agentes de la policía local interrogar a inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación.

Actualmente, sólo dos condados de Nevada tienen activos acuerdos 287(g), pero una orden ejecutiva reciente que retendría fondos federales a las “jurisdicciones santuario” — que extienden las protecciones a indocumentados — han puesto más presión sobre funcionarios para colaborar con ICE.

El mensaje de Titus surge mientras la sesión legislativa estatal llega a su fin y mientras ella reconoció que no quería estancar el avance de otra legislación importante al impulsar su idea 287(g) a pocos días de que acabe la sesión.

Titus dijo a The Nevada Independent este sábado que las decisiones en torno a la aplicación de la ley migratoria se deberían dejar al gobierno federal, jurisdicciones individuales y el gobernador — no la Legislatura — pero agregó que si no pensara que su declaración haría una diferencia, no la habría planteado.

La legisladora también consideró que la aplicación de las leyes migratorias se deberían enfocar en personas con antecedentes penales.

"Quiero asegurarme de que la gente entienda que hay una vía a nivel federal y creo que nuestro estado debería cooperar", indicó Titus.

La participación en acuerdos 287(g) es voluntaria. Varios casos judiciales han dictaminado que obligar a los estados a implementar la política federal de inmigración va en contra de la 10a. Enmienda, que prohíbe al gobierno federal ordenar a gobiernos estatales que apliquen leyes federales. 

Sin embargo, estados por todo el país, incluyendo Florida y Virginia, han empezado a aprobar directivas que exigen o fomentan acuerdos 287(g).

Hasta ahora, los pocos esfuerzos liderados por los Republicanos en la Legislatura para reforzar la colaboración entre ICE y las fuerzas locales del orden público han fracasado.

Por otra parte, iniciativas para afianzar protecciones para personas indocumentadas han tenido más éxito en la Legislatura de mayoría Demócrata. 

La iniciativa AB217, patrocinada por la Asambleísta estatal Demócrata Cecelia González, que reduciría la colaboración de los distritos escolares con ICE, avanzó en ambas cámaras y tuvo el respaldo de algunos Republicanos, como la Asambleísta estatal Danielle Gallant y el Senador estatal Ira Hansen.

Pero la Asambleísta estatal Demócrata Selena Torres-Fossett, ex líder del Caucus Legislativo Latino de Nevada, criticó la iniciativa de Titus.

"La Senadora Titus se debería centrar en lo que podemos hacer para apoyar a las familias trabajadoras de Nevada y no en la aplicación de la ley migratoria, porque esa no es nuestra responsabilidad", dijo Torres-Fossett a The Nevada Independent.

Legisladores Demócratas han expresado inquietudes acerca del costo del 287(g) — ya que el gobierno local sigue siendo responsable de los salarios de oficiales que ejercen la aplicación de la ley migratoria bajo ese acuerdo — después de que el Condado Douglas se sumó al programa a principios de este año.

El gobierno federal no reembolsa algunos de los costos de unirse al 287(g), por ejemplo, para capacitación, y algunas jurisdicciones también son elegibles para recibir pagos federales. 

El Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Criminales (SCAAP) reembolsa a los estados los costos de encarcelamiento de una persona indocumentada condenada por un delito grave o más de dos delitos menores. En 2024, Nevada obtuvo casi $3 millones de dólares en recursos del SCAAP.

“El gobierno federal quiere que hagamos eso, están pagando por estas personas que están en la cárcel, así que creo que deberíamos cooperar”, comentó Titus.

Cuando se le preguntó si era preciso etiquetar a Las Vegas como una ciudad santuario, Titus respondió: "Ciertamente creo que podrían hacerlo mejor en Las Vegas" y que "creo que hay algo de verdad en ello".

El término "ciudad santuario" no tiene una definición legal, y ninguna jurisdicción en Nevada se ha descrito como tal.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) no tiene un acuerdo 287(g) vigente y ha señalado que no ejercerá las leyes federales de inmigración fuera de sus cárceles, aunque sí colabora con ICE, notificando a la agencia sobre ciertas personas nacidas en el extranjero que son arrestadas y acusadas.

LVMPD no respondió a varias solicitudes de comentarios a principios de esta semana acerca de la designación de Las Vegas como ciudad santuario.

El Gobernador Republicano Joe Lombardo ha rechazado la descripción que la administración Trump hace de Las Vegas. En una declaración a The Nevada Independent, funcionarios de la ciudad indicaron que están sosteniendo "conversaciones a nivel federal para aclarar este malentendido".

La oficina de Lombardo señaló en una declaración a principios de esta semana que Nevada “seguirá cumpliendo la ley federal y cooperará con autoridades federales de inmigración” bajo el liderazgo del gobernador.

En 2019, LVMPD, bajo el liderazgo del entonces alguacil Lombardo, se retiró de su acuerdo 287(g) después de que un tribunal de distrito federal dictaminó que las retenciones de ICE sólo se podrían aplicar en estados con leyes que aborden específicamente arrestos civiles de inmigración. 

Aunque ese fallo surgió de un tribunal de California, podría generar problemas legales en Nevada, como lo demuestra el retiro de LVMPD del programa 287(g), indicó aThe Nevada Independent a principios de este año la abogada principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada, Sadmira Ramic.