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Boleta oficial de votante ausente para el Condado Washoe. (Foto: Joey Lovato / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

La secretaria Republicana del estado de Nevada está pidiendo a un juez federal que desestime una demanda que la campaña del Presidente Donald Trump interpuso contra el estado la semana pasada acerca de la expansión de la votación por correo para las elecciones del 2020.

La moción, presentada por el Fiscal General Demócrata Aaron Ford a nombre de la Secretaria del Estado Barbara Cegavske, quien fue nombrada como parte acusada en la demanda del presidente, afirma que la campaña de Trump ha señalado a Nevada para un litigio en lugar de permitir que el debate político se produzca fuera de la corte.

La moción señala que Utah, Colorado, Oregon, Hawaii y Washington también han adoptado sistemas de votación por correo para las próximas elecciones.

“Dados los temores que rodean a la pandemia, estos sistemas de voto por correo tienen un gran potencial para impulsar la votación generalizada por correo en las elecciones generales de 2020”, dice la moción. "Sin embargo, el Presidente Donald J. Trump no ha demandado a los funcionarios electos en estos otros estados, sino que ha optado por dejar que el debate acerca de los procesos electorales de votación por correo se desarrollen en foros no judiciales dentro de estos estados".

El documento continúa desglosando la lógica utilizada por la campaña de Trump, mientras que también argumenta que la demanda no articula un daño específico.

"Estas decisiones se tomaron en medio de una pandemia en preparación para las elecciones generales del 2020", escribió Ford. “En ausencia de una lesión concreta y particularizada a los Demandantes, la Corte no tiene jurisdicción para intervenir en los preparativos de las elecciones […]”.

Además, la moción rechaza la sugerencia de la campaña de Trump de que la votación por correo resultará en más fraude electoral. También descarta la afirmación de que los votantes rurales no van a recibir la misma protección.

La moción para desestimar la demanda se produjo poco después de que el Partido Demócrata del Estado de Nevada y dos organizaciones Demócratas nacionales pidieran a un juez federal que les permitiera intervenir en la disputa legal de alto perfil.

Después de que la Legislatura aprobó una nueva ley que requiere que los funcionarios estatales envíen a los votantes registrados activos una boleta por correo durante una emergencia estatal, la campaña de Trump demandó a Cegavske, quien se encargará de implementar la legislación.

La campaña, junto con el Partido Republicano estatal y nacional, argumentó que el proyecto de ley haría que el fraude fuera "inevitable".

Se trata de AB4, un proyecto de ley aprobado por la mayoría Demócrata durante la sesión especial de la Legislatura y firmado el lunes pasado por el Gobernador Demócrata Steve Sisolak.

Un día después, la campaña de Trump interpuso la demanda luego de que el presidente hiciera una serie de tuits y comentarios criticando la legislación. La campaña, en su presentación, busca obligar al estado a implementar partes de la legislación.

Grupos Demócratas escribieron que prohibir la nueva legislación, que ofrece una opción ampliada de votación por correo, podría significar que "menos votantes Demócratas tendrán la oportunidad de votar y que sus votos cuenten en las Elecciones de noviembre y futuras contiendas".

La moción para intervenir fue presentada el viernes. Los Demócratas también pidieron a la corte que acelere el proceso de presentación de reportes para el caso, que está pendiente ante el Juez de la Corte Federal de Distrito James Mahan.

Antes de la sesión especial, Cegavske había indicado que creía que el uso generalizado de boletas por correo era innecesario, a pesar de ofrecer la votación por correo durante las elecciones primarias; un esfuerzo para mitigar los efectos del coronavirus en la votación en persona. Durante la sesión, Cegavske dijo a los legisladores que su oficina no había recibido evidencia de fraude cuando se realizaron los comicios primarios.

Los Demócratas, en uno de sus argumentos, dijeron que no podían confiar en que la secretaria del Estado, la principal funcionaria electoral del estado, representara adecuadamente sus intereses.

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