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Una pancarta en apoyo al Estatus de Protección Temporal cuelga de un camión estacionado cerca del letrero de "Bienvenidos a Las Vegas" el martes 21 de agosto de 2018. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).

El 2018 fue sinónimo de malas noticias para miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal o TPS en los Estados Unidos.

Durante casi 20 años vivieron sin sobresaltos con respecto a su estatus legal, pero la cancelación paulatina del programa por parte de la administración Trump, junto con actuales batallas en las cortes, los ha llevado a unirse para abogar por una solución permanente, y este año no será la excepción.

Desde el anuncio de la cancelación del TPS, beneficiarios unieron esfuerzos a través de la Alianza Nacional TPS, que en 2018 se mantuvo activa a favor del programa con foros comunitarios y eventos en Washington, D.C.

Esas acciones también tuvieron efecto a nivel local por medio del Comité TPS Nevada Camino a la Residencia, que en este 2019 continuará abogando por el programa a través de espacios informativos y una comitiva que se unirá en febrero a una cumbre nacional en Washington D.C. para hacer labores de cabildeo ante los legisladores de ambos partidos.

Pero este es, también, un año decisivo para el TPS, porque es cuando la mayoría de beneficiarios, incluyendo a El Salvador, podrían perder su estatus, lo que se traduciría en un cambio significativo.

Un reporte del Congressional Research Service indicó que hasta octubre de 2017, los Estados Unidos proveen TPS a unos 437,000 beneficiarios de 10 países; mientras que en Nevada casi 5,000 están amparados por el programa.

“Lo que hemos hecho nosotros es una movilización”, dijo en entrevista Donis Hernández, integrante del comité en Las Vegas y beneficiario del TPS para El Salvador desde 2001. “El habernos cancelado el TPS nos llevó a que alzáramos nuestras voces y empezar una lucha hacia una residencia permanente con camino a la ciudadanía”.

Hernández, trabajador en el área de la construcción, y quien el año pasado viajó como parte de una caravana en pro del TPS que recorrió unas 53 ciudades del país, agregó que a nivel local, este 23 de enero el comité realizará una asamblea informativa acerca del estatus actual del TPS y de la cumbre nacional en Washington, D.C del 10 al 14 de febrero.

El tema del TPS se ha visto opacado por el debate nacional acerca del cierre parcial del gobierno y la construcción del muro en la frontera Sur.

Pero Hernández señaló que, junto con su familia, piensa unirse al evento que se llevará a cabo en la capital del país, y que también espera que otros beneficiarios del TPS sigan abogando por el programa para que el tema no pierda su sentido de urgencia a nivel nacional.

“Es un esfuerzo que estamos haciendo, porque también estoy tomando vacaciones en mi trabajo para ponerlas en la lucha del camino a la residencia”, dijo. “No tengan miedo. Mucha gente no quiere decir que tienen TPS, pero el callar, lo que va a hacer es que nuestra comunidad no alce la voz”.

Cancelación y batalla legal

Manifestantes en apoyo al Estatus de Protección Temporal bajan de un autobús y se dirigen a realizar una manifestación frente al letrero de Bienvenidos a Las Vegas el martes 21 de agosto de 2018. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).

El año pasado el gobierno anunció que cancelaría u otorgaría una extensión final sobre el estatus legal a cientos de miles de beneficiarios de TPS de Yemen, Nepal, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Fue en marzo de 2018 cuando 10 beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, junto con cinco hijos ciudadanos estadounidenses de beneficiarios de TPS, demandaron al gobierno por la cancelación del programa argumentando que la interpretación de las reglas del TPS es inconstitucional y se deriva de una agenda antiinmigrante.

En octubre de 2018, el juez Edward Chen, de una corte federal en San Francisco, dictaminó bloquear una orden de la administración Trump para terminar con el TPS para Sudán, Nicaragua, Haití El Salvador, cuya vigencia tendría que expirar en el 2019.

Chen indicó que el proceso de decidir si un país merecía una extensión cambió bajo la administración de Trump; de evaluar la condición general de un país, a solo observar si el evento que provocó la designación inicial, como un huracán, todavía tenía un efecto sobre ese país.

El dictamen es efectivo de manera inmediata y requiere que las autoridades migratorias mantengan el TPS para El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití mientras se determina el resultado de la demanda interpuesta en marzo pasado.

Cerca de 200,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre con TPS, lo que significa que la terminación del programa podría conducir a que esas familias tengan que separarse.

“Están peleando si el gobierno, al revisar las condiciones de designación para esos países, estaba siguiendo la regla que han usado las anteriores administraciones por varios años, o si cambiaron la regla sin haberlo anunciado”, indicó en entrevista la abogada Mayra Salinas, de la clínica de Inmigración de UNLV. “También incluye los derechos de los hijos de los demandantes con TPS que han residido en los Estados Unidos; porque si se quita la designación, a esos hijos les están quitando, o el derecho de crecer con sus padres, o el de estar en su país, porque van a tener que decidir si se van con sus padres o si se quedan, pero no van a convivir con sus padres”.

Pero desconocer el destino final del TPS preocupa todos los días a Hernández, quien preferiría quedarse en los Estados Unidos sin protecciones migratorias en caso de que el TPS se llegara a cancelar definitivamente.

“Continuaría mi vida aquí, pero sería como empezar de cero”, dijo. “No tendría mi permiso de trabajo y por lo tanto no tendría buenos empleos”.

Hernández agregó que tampoco regresaría a El Salvador no solo debido a la inseguridad, sino a que su familia tiene un estatus migratorio mixto y considera a los Estados Unidos como el hogar donde han establecido sus raíces, pues han vivido aquí desde hace casi 20 años.

“El cambio en mi familia sería drástico. Nos quedaríamos aquí, en la sombra, como la mayoría de las personas que están sin documentos, porque no tenemos nada que nos ampare”, dijo. “Mi esposa es de México y mi hijo tiene DACA y nació allá. Mi hija es nacida aquí. Si tuviera que regresar a El Salvador, sería ir solo ¿Pero y mi familia dónde quedaría? Cada uno quedaría dispersado en diferentes países”.

Salinas indicó que como todavía no se sabe qué va a pasar con el caso del TPS en las cortes, es importante que quienes están amparados por el programa se asesoren con un abogado para saber si reúnen los requisitos para poder solicitar algún otro beneficio migratorio.

“Especialmente para Nevada, porque hay una decisión de una corte del Noveno Circuito que dice que las personas que tienen TPS pueden aplicar dentro del país; no se requiere que obtengan perdón, entonces hace las cosas más fáciles para las personas que tienen familiares que los puedan pedir”.

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