Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Luego de escuchar historias de familias afectadas por deportaciones, incluyendo un niño de 13 años quien intentó suicidarse cuando su padre pasó un mes en detención migratoria, este miércoles un comité legislativo votó para limitar la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración.

El Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea votó 8-5 para avanzar el proyecto de ley AB376 patrocinado por la Asambleísta Demócrata Selena Torres.

Entre otras cosas, la propuesta prohíbe que las fuerzas del cumplimiento del orden detengan a una persona a petición de las autoridades migratorias a menos que haya una orden de arresto para ese individuo.

El proyecto, que declara que el propósito principal de las fuerzas locales del orden no es aplicar la ley de inmigración federal civil, también requiere que la policía advierta a las personas que responder acerca de su lugar de nacimiento se podría usar en su contra en procedimientos de deportación.

La iniciativa es parte de una larga lucha entre defensores de los inmigrantes y agencias policiales acerca de prácticas como encarcelamientos por más tiempo de lo que se haría en caso contrario para dar a oficiales de inmigración la oportunidad de mantener a internos bajo su custodia.

Si bien algunas agencias han terminado sus asociaciones formales 287(g) con el gobierno federal, activistas dicen que aún existe una colaboración menos formal y pueden convertir arrestos por infracciones menores en deportaciones que alteran la vida y dividen a la familia.

Así testificó Jennifer Antonio acerca de lo le sucedió a su esposo, un inmigrante indocumentado, en agosto de 2019.

Antonio dijo que su hijo Ethan, entonces de 11 años, trató de escapar durante un episodio causado por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece. Cuando el padre de familia agarró al niño de la chaqueta para detenerlo, alguien llamó a la policía. Tanto el niño como el esposo fueron arrestados.

El niño fue entregado a su madre poco después, pero el padre de familia estuvo detenido durante nueve meses y las autoridades dijeron que no podía salir bajo fianza porque estaba en bajo retención de inmigración. Al tener menos supervisión, Ethan comenzó a comportarse mal, deprimirse, e incluso intentó suicidarse.

“Mi padre salió de inmigración tres días antes de mi cumpleaños, y ese fue el mejor regalo que pude haber tenido”, testificó Ethan. “Ahora él está en casa y me siento mejor, pero aún vivimos con temor de que vengan por mi padre. Por favor, paren de alejar a las personas de sus familias. No está bien."

Los opositores del proyecto de ley cuestionaron si evitaría que las autoridades atrapen a criminales peligrosos que han violado las leyes de inmigración.

La Asambleísta Republicana Annie Black hizo referencia a un artículo acerca del arresto de dos hombres yemeníes detenidos por la Patrulla Fronteriza que habían estado en una lista de vigilancia terrorista, y preguntó si el proyecto de ley evitaría que la policía local ayude a detenerlos.

“No hay nada que impida que ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] haga su trabajo”, respondió Torres. "Además, en la legislación está muy claro que si hay una orden federal, aún pueden detener a esas personas y serían transferidas a custodia de ICE".

El proyecto de ley prohibiría que las fuerzas del orden público estatales y locales utilicen dinero o personal de la agencia para investigar, interrogar o arrestar a personas con fines de aplicación de la ley de inmigración, y especifica que la policía no debe detener a alguien únicamente con el fin de determinar su estatus migratorio.

La iniciativa también prohíbe que las agencias locales permitan que funcionarios federales de inmigración interroguen a internos que están bajo custodia local acerca de asuntos no penales, a menos que la entrevista sea voluntaria o esté respaldada por una orden judicial.

Las agencias policiales se opusieron al proyecto de ley. Chuck Callaway, cabildero del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, dijo que es legítimo preguntar a los arrestados acerca de su lugar de nacimiento porque la policía tiene que notificar a países como China y Arabia Saudita cuando sus ciudadanos son arrestados.

Miembros del público que se oponen al proyecto dijeron que le daría a Nevada una reputación de "estado santuario" que podría alejar a los turistas e invitar al crimen.

Pero partidarios argumentaron que establecer una división más clara entre la policía local y los agentes federales de inmigración crearía una comunidad más segura.

Sylvia Lazos, profesora de la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), señaló que casi la mitad de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark tienen uno o más padres inmigrantes, y algunos de ellos son indocumentados.

La audiencia y la votación fueron los primeros pasos del proyecto de ley, que ahora se dirige a la Asamblea para una posible votación.