En sus primeros dos años como fiscal general de Nevada, el Demócrata Aaron Ford hizo frente 33 veces a políticas del entonces Presidente Donald Trump. 

Junto con otros fiscales generales Demócratas, Ford se sumó a demandas que se oponen a la declaración de la administración Trump de una emergencia nacional para construir el muro fronterizo, una norma que amplía la capacidad de los proveedores de servicios de salud para negar servicios con base ​​en creencias religiosas, y su intento de excluir del censo a inmigrantes indocumentados.

Ford, ahora en los dos años de su segundo y último mandato, se está preparando para volver a hacerle frente a la administración Trump.

En una entrevista con The Nevada Independent la semana pasada, Ford, quien ha expresado interés en postularse para gobernador de Nevada, fue claro al sostener que respetaría el mandato que tiene Trump para gobernar.

“El ganador se lleva el botín”, señaló Ford. “Él tiene la capacidad de implementar sus políticas de una manera que sea legal y lícita, de acuerdo con las promesas de su plataforma [de campaña]. Y en la medida en que sean legales y lícitas, no tendrá noticias del fiscal general de Nevada”.

Ford también nombró áreas en las que espera colaborar con la administración entrante de Trump, incluyendo detener el tráfico de drogas, de armas, y la trata de personas en la frontera EE.UU.-México.

Pero dada la frecuencia y éxito que tuvieron los fiscales generales Demócratas al desafiar a la primera administración Trump — los fiscales generales Demócratas tuvieron un 83 por ciento de éxito en las cortes — se está preparando para más batallas legales.

“Tiene tendencia a violar la ley”, dijo Ford. “Y en la medida en que viole la ley, ya sea constitucional o de otro tipo, lo enfrentaré en la corte”.

Deportación masiva

Un área en la que los fiscales generales Demócratas esperan tener conflictos con Trump es su promesa de una operación de deportación masiva. Ford expuso que apoya el objetivo de expulsar a criminales violentos del país, pero que le preocupa el alcance de una medida como esa.

Ford no quiere redadas sorpresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas, hospitales, recintos judiciales o instituciones religiosas, argumentando que eso afectaría los derechos de estudiantes, pacientes, víctimas de delitos y fieles religiosos.

“Si se trata de ir a las cárceles y deportar a quienes son arrestados por cometer delitos, estoy totalmente a favor”, dijo el fiscal. “Ese no es el asunto … son los matices de esas [estrategias] en los que creo que nos deberíamos enfocar y abordar”.

Su estrategia legal dependerá de cómo decida la administración Trump proceder con la deportación. El presidente tiene derecho a seguir sus políticas de inmigración preferidas, indicó Ford, siempre y cuando no infrinjan los derechos constitucionales de ningún nevadense.

Nevada no es un santuario ni tiene leyes santuario que prohíban u obliguen a agencias policiales locales y estatales a cooperar con agentes federales de control migratorio.

Los Republicanos ya comenzaron a señalar el apoyo de Ford a un proyecto de ley de inmigración de 2017 que habría prohibido a las fuerzas de seguridad estatales y locales participar en la aplicación de leyes federales de inmigración sin una orden judicial. 

Ford fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley, pero canceló una audiencia y ayudó a bloquearlo para que no avanzara.

El fiscal señaló que debido a que la inmigración es un asunto federal, cualquier esfuerzo federal relacionado con ese tema en Nevada debería ser financiado por el gobierno federal.

Gobierno estatal dividido

Ford no es el único político de Nevada con jurisdicción acerca de cómo responde el estado a programas federales. El Gobernador Republicano Joe Lombardo firmó una declaración conjunta con otros gobernadores de ese partido anunciando en diciembre su disposición a desplegar la Guardia Nacional de Nevada y las fuerzas del orden estatales como parte de la campaña de deportación masiva.

Pero la postura de Lombardo puede ser vacilante, pues acerca de la deportación masiva dijo que "no creo que sea una política adecuada" y agregó que tomará "una cantidad exorbitante de tiempo".

A pesar de que Ford es uno de cuatro fiscales generales que trabajan con un gobernador de un partido diferente, dijo que no espera que su labor cambie.

“Mi función es asesorar a los clientes de mi estado, entre los que se incluye el gobernador, y garantizar que se respete la Constitución y el estado de derecho”, indicó Ford. “Eso no cambia en función de quién ocupe el cargo, a nivel presidencial o gubernatura”.