Ya han pasado dos años desde que la administración Trump canceló un programa que durante años ha brindado protección contra la deportación y permisos de trabajo a miles de jóvenes, colocándolos bajo la incertidumbre por su futuro migratorio y causando efectos colaterales a raíz de los constantes cambios a ese programa. 

Retrasos en la recepción de documentos clave para mantener sus empleos o para solicitar becas escolares, y falta de recursos para tramitar la renovación de su protección migratoria, son algunos obstáculos que han encontrado beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Luego de que el gobierno dio a conocer la cancelación de DACA en 2017, el programa ha pasado por cambios y debates en las cortes, sin que hasta el momento el Congreso haya llegado a una solución permanente.

“Me he sentido muy estresado por cómo está funcionando todo este proceso”, dijo en entrevista un joven DREAMer de Las Vegas a quien The Nevada Independent identifica como Jorge porque se encuentra en medio del trámite para renovar su DACA, que expira este 9 de septiembre.

Carrera contra el tiempo

Jorge, de 18 años, indicó que cuando el gobierno anunció el fin de DACA, no solo tenía poco de haberse convertido en beneficiario del programa, sino que su familia se estaba recuperando de una difícil situación económica que durante un tiempo los llevó a vivir en el auto familiar.

Jorge llegó a Las Vegas a los 5 años, cuando su madre lo trajo desde su natal México para reunirse con el padre de familia, quien ya estaba en los Estados Unidos.

Con el tiempo y el hogar temporal que les brindaron miembros de la iglesia a la que asisten actualmente, la familia fue saliendo adelante. La madre vendía elotes, el padre aprendió el negocio de procesamiento de impuestos, y Jorge ayudaba con lo que ganaba pintando casas. Así pudieron pagar la renta de un apartamento.

Aunque Jorge indicó que tramitó a tiempo la renovación de su DACA, justo por esas fechas la familia se estaba cambiando de casa, lo que, piensa, pudo haber influido para que no recibiera su documentación completa. 

“Tenía DACA, pero sin Seguro Social. No teníamos ayuda profesional ni recursos para saber qué pasos tomar”, dijo. “Y a causa de eso no pude llenar ciertos documentos para becas y otro tipo de recursos que necesitaba en ese momento”.

Jorge indicó que gracias a la ayuda de la Coalición de Migrantes Mexicanos en Las Vegas, encontró asesoría legal y, al igual que otros 9 DREAMers locales, recibió una beca de $500 dólares para pagar su renovación de DACA. 

Aunque este mes sus abogados sometieron una nueva renovación y ya tiene cita para la toma de huellas digitales, esto será hasta después del 9 de septiembre, día en que expira su DACA.

“Ya fui aprobado, pero no sabemos si la situación puede cambiar”, dijo. “Eso es lo que nos da más miedo, no sé qué haría si perdiera DACA, No queremos [que las autoridades migratorias] piensen que no le dimos seguimiento a nuestro caso”.

Jorge señaló que mantiene la esperanza en que se arregle su situación para así hacer realidad su sueño de estudiar psicología y empezar una pasantía en un colegio local donde le están ofreciendo ayuda financiera.

“Uno vive con un miedo interno”, dijo. “Uno se pone a pensar que no podemos vivir en paz, porque pueden quitar DACA, y entonces estaremos en peligro”.

Esa incertidumbre la conoce muy bien Anna Ledesma, beneficiaria de DACA y enfermera registrada quien se quedó sin empleo casi por dos semanas debido a que, justo cuando el gobierno anunció la cancelación del programa en 2017, su antiguo permiso de trabajo había expirado y el nuevo aún no se había aprobado; por lo que se quedó en el limbo. 

“Es una locura para mí cómo un trozo de papel, en última instancia, dice lo que uno puede y no puede hacer”, dijo. “Realmente no importó cuánto estaba luchando por ello, porque supongo que todo se reduce a lo que tengo y lo que no tengo”.

Después de la cancelación de DACA en septiembre, se entablaron demandas, restituciones y eliminación parcial de los beneficios.

Gracias a que en un foro informativo donde conoció a la DREAMer de Nevada y directora Ejecutiva de Dream Big Nevada Astrid Silva, supo que había recursos de ayuda disponibles, Ledesma contactó a la oficina de la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, que le ayudó a agilizar el trámite de renovación y pudo regresar a trabajar. 

Ledesma, quien ya tramitó la renovación de su DACA por tercera vez, indicó que sigue optimista y disfrutando su trabajo, pero resaltó que, a pesar de los esfuerzos, las diferencias políticas impiden que se llegue a una conclusión favorable para los beneficiarios del programa.

Unos 800,000 DREAMers, quienes fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños por causas ajenas a su voluntad, permanecen en el limbo.

Aunque a mediados de este 2019 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto Ley American Dream and Promise Act of 2019 para brindar un camino a la ciudadanía a los DREAMers y  beneficiarios del Estatus de Protección Temporal o TPS, que el Presidente Donald Trump ha intentado eliminar, hay muy pocas probabilidades de que la iniciativa se convierta en ley porque no cuenta con el apoyo de Trump, ni de un Senado mayormente Republicano. 

La Corte Suprema escuchará el caso de DACA este otoño o a principios del próximo año  y se espera una decisión a más tardar para junio de 2020.

“Hasta que vea algo legítimo y en papel tendré mis reservas”, dijo Ledesma. “Me da gusto que muchos estados diferentes y sus cortes hayan fallado en contra de terminar DACA, pero en este punto me he vuelto bastante insensible ante lo que han estado haciendo”.