Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

El Gobernador de Nevada Steve Sisolak nombró a la ex legisladora y líder de Legal Aid Center of Southern Nevada, Barbara Buckley, para dirigir una "fuerza de ataque" al desempleo centrada en mejorar el procesamiento de esas solicitudes atrasadas en Nevada.

En una conferencia de prensa este jueves en Carson City, el mandatario también nombró a Elisa Cafferata — quien recientemente fue una de las principales administradoras de la división de asistencia social del estado (welfare) — como directora interina del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR). Dicho puesto ha estado vacante desde que Heather Korbulic renunció en junio, citando amenazas a su seguridad.

“Quiero que sepan que los escucho. Los estoy escuchando y estoy tomando medidas”, dijo Sisolak. "Un individuo, una familia que se queda sin los beneficios que se merece y necesita pagar las cuentas, poner comida en la mesa, uno es demasiado".

Sisolak indicó que Buckley trabajará durante los próximos 60 a 90 días con el apoyo de recursos federales de la Ley federal Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), y que ya comenzó a consultar con expertos para trabajar en la mejora de los procesos comerciales y tecnológicos de la agencia.

Cientos de miles de las más de un millón de solicitudes iniciales de beneficios presentadas durante la pandemia no se han pagado por diversas razones, incluyendo retraso en el procesamiento, duplicación e inelegibilidad, pero también porque muchos están señalados como fraudulentos.

En junio, quienes habían experimentado retrasos para el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) en Nevada, presentaron una demanda colectiva para requerir un pago inmediato. 

Un juez del Condado Washoe declinó emitir la orden y, en cambio, nombró a un abogado de Reno como maestro especial para investigar el tema de las solicitudes atrasadas.

Jason Guinasso, maestro especial designado por la corte, preparó un extenso informe que detalla los obstáculos y posibles soluciones para pagar las solicitudes de PUA. 

Cuando se le preguntó cómo encajaría ese reporte con la recién creada fuerza de trabajo, Sisolak declinó a comentar sobre el litigio pendiente, y se limitó a decir: "Tendremos que esperar y ver qué pasa".

Buckley afirmó que ya cuenta con la ayuda y experiencia de líderes del sector público y privado. El grupo ha estado intercambiando ideas sobre soluciones, como un plan que podría superar un problema de verificación de identidad que ha estado deteniendo a un grupo de demandantes. Esa solución, dijo, podría llevar a que esos reclamos sean aprobados la próxima semana.

También se está considerando transferir temporalmente a trabajadores elegibles de la asistencia social para ayudar con el procesamiento de las solicitudes de desempleo. Buckley agregó que el estado también creará un boletín en línea para actualizar al público sobre el retraso y el progreso que se va haciendo.

En la conferencia de prensa, Sisolak también firmó la iniciativa SB3, que fue aprobada casi por unanimidad en la recién concluida sesión especial de la Legislatura de Nevada que da a la agencia de desempleo más flexibilidad y tiene la intención de acelerar el procesamiento de las solicitudes.