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De izquierda a derecha, los miembros de la Asamblea Sandra Jauregui y Steve Yeager el miércoles 5 de agosto del 2020 durante el sexto día de la 32a. sesión especial de la Legislatura en Carson City. (Foto: David Calvert / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Los legisladores finalizaron la segunda sesión especial del verano, poco después de la medianoche de este miércoles, luego de aprobar un proyecto de ley que protege a muchos negocios de demandas relacionadas con el COVID-19, pero que al final exime a distritos escolares, hospitales y otras instancias de salud de recibir protecciones adicionales.

Los miembros de la Asamblea, después de una audiencia de cinco horas la noche del miércoles, votaron 31-10 para otorgar la aprobación final a la iniciativa SB4, la última legislación importante que fue discutida en la sesión especial. 

El proyecto de ley exige ciertas protecciones de salud y seguridad para trabajadores de hotelería, además de otorgar amplias protecciones de responsabilidad a casi todos los negocios, organismos gubernamentales y grupos sin fines de lucro en el estado, siempre y cuando sigan los protocolos requeridos de salud locales, estatales y federales 

Varios legisladores describieron el voto como uno de los más difíciles de su carrera, diciendo que surgió a partir de acuerdos internos y que parecía recortar arbitrariamente segmentos importantes de la fuerza laboral. Pero los partidarios del SB4 dijeron que finalmente llegaron a un acuerdo con el proyecto de ley reconociendo que los juegos de azar y apuestas son el alma de la economía de Nevada.

Cuatro Demócratas — Selena Torres, Edgar Flores, Richard Carrillo y Brittney Miller — y seis Republicanos — John Ellison, Greg Hafen, Alexis Hansen, Al Kramer, Robin Titus y Chris Edwards — se opusieron al proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado con una votación 16-5 más temprano durante el día.

En efecto, el proyecto de ley significa que la mayoría de los negocios regulares estarán relativamente protegidos de una demanda si un cliente contrae COVID-19 en las instalaciones, siempre y cuando la empresa cumpla con los mandatos de salud locales, estatales y federales, como asegurarse de que los clientes usen mascarillas. 

Los clientes aún podrán demandar, pero tendrán que alcanzar un umbral mucho más alto para que una corte permita que su caso avance.

La legislación también establece protecciones para los trabajadores de la industria de los casinos y describe políticas de limpieza mejoradas que deben seguir las grandes compañías de casinos, disposiciones por las que ha estado presionando durante mucho tiempo el políticamente poderoso Sindicato de la Unión Culinaria.

Adolfo Fernández, un portero de servicios del Hotel y Casino Caesars Palace y miembro de la Unión Culinaria, murió después de contraer el virus en junio, y su hija, Irma, testificó entre lágrimas que seguía el encargo de protección laboral.

Las dos propuestas se sumaron para formar la iniciativa SB4 — con el fin de garantizar que las empresas, incluyendo las compañías de juegos y apuestas — y los trabajadores de casinos recibieran las protecciones que pedían.

Hospitales y otras instituciones de salud lamentaron su exclusión del proyecto de ley, las escuelas se opusieron a una enmienda de último momento que las excluía de las protecciones de responsabilidad y los distritos de salud locales cuestionaron por qué no se les consultó acerca de las nuevas disposiciones que les otorgan una mejor función de supervisión de los hoteles.

Hospitales protestan por la exclusión

Durante un largo período de comentarios públicos, los hospitales y los trabajadores de la salud advirtieron que excluir a los centros médicos de las protecciones de responsabilidad civil les obligaría a excluir a proveedores y visitantes de hospitales, así como a pensar dos veces antes de transferir a los pacientes a instalaciones de nivel inferior y, a la vez, pone en riesgo su capacidad para mantener camas disponibles durante una pandemia.

Representantes de la oficina del Gobernador Steve Sisolak intentaron señalar una directiva de emergencia desde abril extendiendo inmunidades adicionales de la responsabilidad a los proveedores de salud involucrados en la respuesta COVID-19 del estado como justificación de por qué los hospitales y otras instalaciones de atención médica fueron excluidas de las protecciones de responsabilidad del proyecto de ley.

Tampoco quedó claro el miércoles por la noche quién es responsable de que las instalaciones de atención médica fueran excluidas de las protecciones de responsabilidad del proyecto de ley. 

Exención del distrito escolar

Una enmienda presentada el miércoles excluyó a los distritos escolares con grados escolares K-12, incluidas escuelas chárter, de las protecciones de responsabilidad mejoradas en el proyecto de ley — una concesión celebrada por dos de los sindicatos de maestros más grandes del estado, la Asociación de Educación del Estado de Nevada (NSEA) y la Asociación de Educación del Condado Clark.

El personal legal advirtió a los legisladores que las escuelas aún podrían usar la inmunidad de litigio normal ofrecida por la ley vigente, pero varios distritos escolares señalaron que la falta de estándares de responsabilidad mejorados los expondría a la responsabilidad y que deberían ser tratados de la misma manera que otras entidades gubernamentales.

Distritos de salud excluidos del anteproyecto

Los jefes de los dos distritos de salud urbana de Nevada dijeron que no se les consultó mientras se redactaba la legislación, aunque ahora se les encomienda realizar inspecciones periódicas de hoteles para garantizar el cumplimiento de los protocolos relacionados con el COVID-19 y establece un nuevo rol que deben cumplir.

Los distritos de salud también han expresado su preocupación porque, si bien el proyecto de ley les asigna fondos adicionales, esos fondos sólo estarán disponibles hasta el final del año calendario.

Michelle White, jefa de personal de Sisolak, dijo que la oficina del gobernador valora las preocupaciones de los distritos de salud sobre el plazo de financiación, pero que están "completamente seguros" de que los distritos de salud "comprenden la naturaleza crítica de este trabajo para proteger a los empleados y a nuestra economía ". 

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