Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

La concientización cada vez mayor en torno a los cientos de casos sin medida de acoso y abuso sexual entre figuras poderosas, desde el productor de cine Harvey Weinstein hasta el ex titular de Fox News Roger Ailes, no ha pasado desapercibida en Nevada.

Tan solo este año, líderes estatales contrataron a una empresa externa para investigar múltiples acusaciones de conducta inapropiada y acoso sexual por parte del senador Demócrata Mark Manendo, lo que llevó a su renuncia tras más de 20 años en el gobierno del estado cuando los investigadores confirmaron al menos 14 casos de "conducta inapropiada”.

Pero Manendo no es el primero ni el último funcionario a nivel estatal en ser acusado o dejar el cargo por acoso sexual — reclamos similares e investigaciones subsecuentes han sacudido a legislaturas de costa a costa, incluyendo Nueva York, Missouri, Oklahoma y Tennessee.

La semana pasada en California, un grupo de más de 140 mujeres, incluyendo a seis legisladoras estatales en funciones, firmaron una carta en la que detallaron y destacaron la cultura "generalizada" de maltrato y acoso sexual influenciada por el género.

En apariencia, la mayoría de las legislaturas estatales tienen las herramientas para hacer frente al acoso sexual. De acuerdo con una encuesta realizada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales en octubre del 2016, al menos 37 estados tienen una "política o guía formal y escrita para los empleados legislativos" para responder a acusaciones de acoso sexual.

Pero Rick Rossein, profesor de la Escuela de Derecho de CUNY, quien ayudó a la legislatura de Nueva York a reescribir su política después de un gran escándalo de acoso sexual en 2013, dijo que muchas de esas políticas no llegan muy lejos o se aplican tan informalmente que no son eficaces.

Rossein dijo que desarrollar un proceso claro para presentar, revisar y sancionar casos de acoso sexual era necesario para detener la cultura de las legislaturas que tienden a mirar para otro lado.

"El estado de derecho es muy importante, que todos sepan cuáles son las normas, que las reglas se sigan consistentemente, de manera justa y que serán aplicadas”, dijo. "Y que haya un proceso que se mueva del punto A, hasta donde tenga que llegar”.

Líderes de Nevada cambiaron algunas de sus propias reglas internas para presentar quejas justo al final de la sesión legislativa del 2017. Este es un vistazo a cuáles son esos cambios, y cómo la conducta de Manendo sacó a relucir el tema.

Mark Manendo

Muchos de los cambios propuestos a las reglas surgieron inmediatamente después de las acusaciones de acoso sexual contra Manendo, un veterano legislador que acumuló varias denuncias de presunto acoso sexual en su contra durante las últimas dos décadas.

El senador Demócrata, quien fue elegido por primera vez para la Asamblea en 1994, fue objeto de una investigación por acoso sexual en 2003 por acusaciones de haber hecho comentarios inapropiados a dos pasantes en la legislatura. No se tomó ninguna acción disciplinaria, aunque Manendo fue removido de su cargo como presidente del comité en la siguiente sesión legislativa.

Los dirigentes Demócratas reprendieron a Manendo en privado durante la sesión del 2009, lo que el periódico Las Vegas Sun reportó que tuvo lugar por comentarios hechos hacia una trabajadora estatal diciéndole "en términos vulgares, que encontraba gratificación sexual al ver fotos de ella”.

El líder de la Mayoría del Senado Estatal Aaron Ford contrató a un investigador externo para revisar las quejas presentadas contra Manendo en mayo del 2017. La investigación continuó por casi dos meses y medio, con Manendo aun sirviendo durante el resto de la sesión legislativa de 2017 a pesar de que le retiraron su dirección en el comité y de que fue oficialmente reprendido por Ford en el pleno del Senado.

En julio de este año Manendo aceptó renunciar luego de que el investigador encontrara al menos 14 incidentes de "contacto inapropiado" durante la sesión legislativa de 2017, incluyendo acusaciones de haber contactado a una de las testigos y haberla instado a "fabricar una versión diferente de eventos”.

En caso de que Manendo se hubiera negado a renunciar, no está claro si los legisladores estatales hubieran podido tomar futuras medidas disciplinarias o destituirlo de su cargo. Nevada tiene una Comisión de Ética independiente, pero se le ha prohibido disciplinar o hacerse cargo de casos que involucren a legisladores desde que la Suprema Corte del Estado determinó en el 2009 que hacerlo es “una delegación inconstitucional de poder en violación de la disposición de separación de poderes de la Constitución de Nevada".

En su lugar, la supervisión ética es realizada por comités de ética específicos de la Legislatura, integrados por legisladores y miembros del público que — a partir del cambio a las reglas del 2017 — están autorizados a reunirse fuera de los límites de los 120 días de la sesión legislativa. Ni la Asamblea General ni los comités de ética del Senado parecen haber llevado a cabo una junta desde por lo menos el 2009.

Nevada cambió las reglas

Los legisladores de Nevada aprobaron varios cambios a las reglas en los últimos minutos de la sesión legislativa de 120 días, requiriendo que el personal legislativo desarrollara un sistema formal para reportar quejas, ampliar la actual política de acoso sexual para abordar específicamente a los cabilderos y crear una sección nueva para un "Código de ética legislativa”.

Dicho código prohíbe a legisladores, personal legislativo y cabilderos de una variedad de conductas inapropiadas, incluyendo intenciones de "amenazar, acosar, intimidar o influenciar inapropiadamente" a otra persona, crear un ambiente de trabajo hostil, causar “daño o sufrimiento emocional”, o involucrar conducta deshonesta o fraudulentas en contra de otra persona. Los cambios también requieren apegarse al código durante el período interino entre sesiones legislativas.

Las actuales reglas legislativas ya prohíben el acoso sexual, y establecen un proceso de quejas para permitir una "investigación discreta e imparcial" que, de ser necesario, puede dirigirse a un comité de legisladores de la cámara correspondiente. Las reglas dirigen a los legisladores a tomar "acciones correctivas o disciplinarias apropiadas" si la política ha sido transgredida, pero no especifican cómo son esos procesos.

Las reglas también establecen directamente que no crean ningún "derecho legal exigible para una persona”.

El director del Buró de Asesoría Legislativa, Rick Combs, dijo en un correo electrónico que el sistema de presentación de reportes está en proceso, pero que debe estar listo para su aprobación en las próximas semanas y ciertamente antes de la sesión legislativa de 2019.

Equilibrar las preocupaciones del debido proceso y el hecho de que las legislaturas estatales son cuerpos independientes con amplio margen de maniobra para autogobernarse fue un factor importante en el desarrollo de la política de acoso sexual recién renovada en Nueva York.

Además de requerir por escrito una política de no represalias para las personas que presenten quejas y confidencialidad garantizada para los acusadores, Rossein dijo que es sumamente importante que durante las investigaciones las legislaturas usen ayuda legal imparcial y externa para evitar influencias potenciales.

"Soy un profesor de derecho de tiempo completo, no necesito estar haciendo su investigación”, dijo. "Pero cuando lo hago, puedo hacerlo sin miedo o estar a favor porque sólo estoy viendo los hechos y haciendo recomendaciones”.