Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

No implementar una medida de verificación de antecedentes para armas de fuego permitirá que Nevada permanezca como "un exportador de violencia por armas" a través de ventas no reguladas, dijo el principal fiscal del Condado Clark al Gobernador Brian Sandoval y al Fiscal General Adam Laxalt a principios de este mes.

El Fiscal de Distrito Steve Wolfson escribió una carta el 15 de noviembre junto con otros dos prominentes fiscales de distrito: El abogado de la Ciudad de Los Ángeles — Michael Feuer y el Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus Vance — quienes forman parte de un grupo llamado Fiscales en Contra de la Violencia Armada. El trío pidió una "acción inmediata" al respecto, diciendo que podría evitar que los delincuentes potenciales obtengan un arma de fuego.

“Cada día que no se aplica la Ley de Verificación de Antecedentes de Nevada es otro día para que un abusador doméstico, acosador u otro individuo peligroso tenga en sus manos un arma de fuego a través de una venta sin licencia sin una verificación de antecedentes y lastime o mate a alguien o a sí misma", escribió Wolfson en su carta del 15 de noviembre.

Los fiscales también hicieron referencia al tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas, que dejó 58 muertos y más de 500 heridos luego de que un hombre armado abriera fuego sobre un concurrido concierto de música country. El gatillero, Stephen Paddock, pasó una verificación de antecedentes cuando compró armas de fuego en al menos dos tiendas en Nevada.

"La tragedia del mes pasado en Las Vegas fue un recordatorio que dejó una lección de lo que puede pasar debido a una sola persona violenta, y aunque ninguna ley impedirá todo el crimen, estamos profundamente preocupados de que la ley sensible de seguridad pública aprobada por los votantes permanezca sin ser aplicada a casi un año de las elecciones”, escribieron los fiscales.

Wolfson, candidato demócrata para reelegirse en el 2018, respaldó la iniciativa electoral en abril del 2016, diciendo que en ese momento era necesario "proteger a los propietarios de armas respetuosos de la ley de venderle un arma a un delincuente u a otra persona que la ley le prohíba tener”.

Aprobada por los votantes por un estrecho margen en las elecciones del 2016, la iniciativa requiere que casi todas las ventas privadas o transferencias de armas se hagan a través de un distribuidor autorizado de armas de fuego y que el receptor primero se someta a una verificación de antecedentes utilizando el sistema del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Pero la nueva ley encontró un obstáculo el año pasado. La oficina de Laxalt emitió una opinión el 28 de diciembre de 2016 — cuatro días antes de que la ley entrara en vigor — que declaraba la medida "inaplicable" porque el FBI había recomendado al estado que no podía usar el sistema de verificación de antecedentes del gobierno federal.

Nevada es uno de los 12 estados de "Punto de contacto" (POC, por sus siglas en inglés) lo que significa que usa su propio sistema estatal para realizar verificaciones de antecedentes en las ventas de armas. Pero abogados de Nevadans for Background Checks, el grupo que financió la pregunta de la boleta electoral, han argumentado que la medida requiere que el estado cambie de un sistema "completo" a un sistema POC "parcial".

El mes pasado, Nevadans for Background Checks presentó una demanda en el condado Clark con el fin de obtener una aclaración acerca de la ley y solicitar a un juez que ordenara a Sandoval a cumplir con esa ley. Ese mismo día, Laxalt dijo que el estado podría volver a intentar obtener la cooperación del FBI y resolver el estancamiento logístico que llevó a su oficina a considerar que la ley no se puede hacer cumplir.

La oficina de Laxalt dijo en su opinión que el estado podría cambiar su sistema de verificación de antecedentes, pero la solución propuesta por el grupo sería "única y sin precedentes".

En una solicitud fechada el 14 de noviembre, la oficina del fiscal general presentó una solicitud oficial para una extensión en el caso hasta el 5 de enero de 2018, diciendo que “la ocupada agenda de litigios" de la oficina por los próximos 30 días haría casi imposible redactar lo suficiente y presentar una respuesta.

Una deposición de Steve Shevorski, jefe de la oficina de litigios complejos del departamento, señaló que él y otros en la oficina del fiscal general ya están trabajando y presentando informes en casos provenientes de Little Valley Fire en el norte de Nevada, litigios relacionados con los intentos de remover de su cargo a dos senadoras estatales demócratas, y varias demandas colectivas, incluida una de la Unión Americana de Libertades Civiles en contra del sistema estatal de defensores públicos indigentes rurales.

Una audiencia acerca de la solicitud para retrasar una respuesta está programada para el 6 de diciembre.