Oficiales de la Administración del Presidente Donald Trump anunciaron a miles de nicaragüenses amparados bajo un estatus de protección temporal que su permiso legal terminará en 14 meses y que deberían empezar a buscar otras opciones legales o prepararse para dejar los Estados Unidos.

La noche de este lunes el Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin de un programa que había permitido vivir el sueño americano a miles de inmigrantes nicaragüenses: Su estatus de protección temporal terminará el 5 de enero del 2019.  Líderes centroamericanos y políticos de los Estados Unidos coincidieron en que se necesita una solución permanente.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal o TPS se dio a conocer a través de un comunicado anunciando la decisión de Elaine Duke, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de poner fin al programa.

DHS informó que una vez terminada la última extensión para Nicaragua el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir que los inmigrantes puedan regresar de manera ordenada a su país, durante ese tiempo busquen opciones legales que les permitan obtener un estatus de estancia permanente si son elegibles, o, bien, para preparar su partida.

Algunas de las protecciones que otorga ese programa temporal incluyen que sus beneficiarios no sean removidos de Estados Unidos, puedan obtener autorización de empleo y de viaje, y no sean detenidos debido a su estatus migratorio.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, por sus siglas en inglés) es quien se encarga de otorgar esa designación, que Nicaragua recibió en 1999, luego de la catástrofe causada por el huracán Mitch.

La dependencia señaló que la decisión de terminar con el TPS para Nicaragua se tomó al determinar que ya no existen las condiciones por las que se otorgó la protección, y agregó que el gobierno nicaragüense no había solicitado la extensión del programa.

Reacciones de líderes y políticos de Nevada

Casi 7,000 personas en Nevada son beneficiarias del llamado TPS, forman parte de la fuerza laboral del estado, y han vivido en el país por unos 20 años. El TPS ha permitido que inmigrantes provenientes de 10 países — Honduras, El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen — se queden en los Estados Unidos en lugar de regresar a sus lugares de origen, afectados por epidemias, conflictos armados, o desastres naturales.

Bajo ese panorama, este martes por la mañana la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto emitió un comunicado en el que llamó a que el Congreso actúe por una solución permanente, e indicó que el gobierno “usa libro de tácticas de campaña en contra del TPS”.

“La cruel decisión de la administración Trump separará a padres de sus hijos ciudadanos estadounidenses, dañaría nuestra economía, y amenaza las vidas de miles de comunidades por todo el país”, indicó Cortez Masto. “No pararé de luchar hasta que las miles de familias amenazadas por esta decisión sean protegidas de esta administración xenofóbica”.

La Congresista Jacky Rosen señaló a través de un comunicado que la decisión del gobierno al cancelar el TPS para miles de nicaragüenses “separará a los padres de sus hijos nacidos en los Estados Unidos y pondrá en peligro las vidas de quienes han huido de la guerra, el hambre, y la opresión política”.

La tarde de este martes la Congresista Demócrata Dina Titus destacó a través de un boletín de prensa que los Republicanos no han creado un plan integral de reforma migratoria para abordar el TPS, DACA  (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y otros programas para mantener juntas a las familias que cumplen con la ley.

"La administración Trump continúa con sus insensibles acciones antiinmigrantes e inhumanas con esta última decisión”, señaló Titus. “Estas personas huyeron de circunstancias inimaginables, construyeron nuevas vidas y han contribuido a las comunidades en Nevada por casi 20 años, generando un estimado de $269 millones para nuestra economía anualmente”.

En eso coincidió la secretaria tesorera del Sindicato de la Unión Culinaria Local 226, Geoconda Argüello-Kline, quien es originaria de Nicaragua. En una entrevista telefónica este martes con The Nevada Independent en español, resaltó las contribuciones de los trabajadores amparados con el TPS y dijo que se tiene que buscar un sistema que resulte en una residencia.

“Los trabajadores de los casinos saben darle servicio a los turistas cuando vienen. Ellos están sintiendo que cualquier día les pueden quitar sus permisos de trabajo”, comentó Argüello. “Tú dices: ‘¿Sabes qué? No voy a gastar en nada porque no sé qué va a pasar, no sé si voy a tener que vivir sin documentos cuánto tiempo’. Todo eso es una desestabilidad económica increíble, un impacto grandísimo a la industria no solamente de los casinos, sino de toda una comunidad”.

Argüello agregó que la decisión de eliminar el TPS para los nicaragüenses era un ataque masivo a los inmigrantes y que entendía su preocupación porque ella salió de Nicaragua en 1979 con destino a los Estados Unidos por razones políticas y obtuvo protección con un permiso que había que renovar constantemente. Después obtuvo asilo político y, finalmente, la residencia.

“Esa decisión es increíblemente cruel”, dijo Argüello. “Y ahora queriendo desestabilizar a esas familias… Eso es un gran estrés, estarles diciendo ‘te vamos a sacar, no sabemos si dentro de seis meses, o dentro de un año’. ¿Cómo duerme esa familia? Ellos contribuyen a que este país sea más fuerte”.

Honduras y El Salvador

En el comunicado de DHS también se dio a conocer una prórroga automática de otros seis meses para Honduras. La secretaria Duke concluyó que se necesita más tiempo para obtener información adicional y así tomar una decisión. Aunque la designación del TPS para ese país centroamericano se extendió hasta el 5 de julio del 2018, se dejó abierta la posibilidad de que también sea cancelada.

“Dada la información disponible actualmente para la secretaria adjunta”, indica el comunicado del DHS, “es posible que la designación del TPS para Honduras será terminada al finalizar la extensión automática de seis meses con un retraso apropiado”.

Juan Orlando Hernández, presidente de ese país, dijo este martes en un comunicado que con la extensión del TPS para miles de hondureños en Estados Unidos, el siguiente paso era trabajar en un mecanismo que permita la regularización de sus compatriotas.

“Se debe esperar los seis meses siguientes para luego buscar la regulación y que los compatriotas se queden de manera definitiva en Estados Unidos, porque han trabajado duro todos estos años”, dijo Hernández.

Por su parte, Hugo Martínez, Canciller de El Salvador, dijo que el viernes pasado sostuvo en Washington una reunión con Duke para abogar por el TPS para sus compatriotas, y que su gobierno aprovechara este tiempo para hacer más gestiones con el Congreso.

“Para el caso de El Salvador no se anuncia una decisión. Se estará esperando en el margen hasta el 7 de enero del próximo año”, señaló el Canciller salvadoreño Hugo Martínez en una entrevista telefónica con El Noticiero de Canal 6. “Nosotros vamos a enfocarnos en nuestra estrategia en los próximos meses hacia el Congreso, pidiéndoles que busquen una salida definitiva a través de una legislación”.

Pero salvadoreños y hondureños amparados por el programa temen que su turno esté próximo, ya que además del anuncio de este lunes para los nicaragüenses, en mayo de este año el gobierno estadounidense anunció que extendería el TPS para los haitianos sólo por seis meses más, sin prometer nuevas prórrogas.

Tirso Sermeño, Cónsul General de El Salvador en Las Vegas, comentó a The Nevada Independent en junio pasado que los beneficiados del programa sienten temor ante la posibilidad de tener que dejar los Estados Unidos y la inseguridad de no saber qué va a suceder.

“Comenzó con el TPS a los haitianos y después los centroamericanos, como nicaragüenses, hondureños y salvadoreños”, dijo el cónsul. “Cuando John Kelly [Secretario del DHS] menciona que aquellos beneficiarios del TPS pudieran empezar a prepararse para regresar a sus países de origen, comienza lógicamente la preocupación de la comunidad”.

El Cónsul indicó que el TPS se renueva cada 18 meses, por lo que desde noviembre del 2016 la representación de su país comenzó las gestiones con el gobierno de Los Estados Unidos para mantener el programa y resaltar las contribuciones de sus compatriotas en este país.

El funcionario agregó que el Presidente Donald Trump decide otorgar o cancelar el programa y que no es una decisión que depende de las autoridades salvadoreñas.

En enero del 2010 Haití fue sacudido por un terremoto cuyas consecuencias fueron devastadoras, por lo que Janet Napolitano, Secretaria del DHS, dio a conocer en un comunicado la designación de un TPS por 18 meses a nacionales haitianos que estuvieran en Los Estados Unidos a partir del 12 de enero de 2010.

Desde entonces, ese TPS se había extendido por el mismo periodo, pero el pasado 22 de mayo John Kelly, dio a conocer en un comunicado que la extensión ahora es por seis meses, “tiempo que debería permitir a los haitianos beneficiarios del TPS residentes en EEUU el tiempo suficiente para conseguir los documentos y hacer los preparativos necesarios para su salida final”.

Diferentes esfuerzos

Desde mediados de año varios grupos de activistas, políticos y trabajadores ya se habían unido para solicitar la extensión del TPS.

El pasado 19 de julio un grupo de senadores — 25 Demócratas y un Independiente — envió una carta a los secretarios Kelly, y Rex Tillerson, para instarlos a que extiendan el plazo de estadía para los beneficiarios del TPS.

“Los instamos a que revisen de cerca cada una de sus designaciones”, solicitaron los senadores en su carta conjunta, agregando que se debería considerar que terminar con el TPS y ordenar el regreso de sus beneficiarios, podría afectar su seguridad y los esfuerzos de reconstrucción de sus países.

En una segunda ocasión, este 19 de octubre veintidós legisladores demócratas, incluyendo la senadora por Nevada Catherine Cortez Masto, enviaron una carta a los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y Elaine Duke, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, para instarlos a que el gobierno federal extendiera el plazo de estadía para hondureños y salvadoreños amparados por el TPS.

Los senadores indicaron que las condiciones de violencia, pobreza y limitación de recursos en Honduras y El Salvador son una base clara para que se extienda el TPS, y también destacaron las contribuciones de los beneficiarios del programa a la economía estadounidense:

“Proveen apoyo importante a la industria de la construcción de los Estados Unidos, y estas personas trabajadoras serán contribuyentes esenciales para los esfuerzos de reconstrucción de los huracanes Harvey e Irma”.

Los legisladores resaltaron que mandar a los beneficiarios del TPS de regreso a El Salvador y Honduras podría causar inestabilidad en esos países, y destacaron que contribuyen de manera positiva en Estados Unidos al pagar millones de dólares en impuestos y que, si son deportados, el crecimiento económico del país se vería afectado durante la próxima década.

En agosto pasado, el Congresista Demócrata Ruben Kihuen organizó una conferencia de prensa acompañado por miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios Local 226 beneficiarios del TPS y otros líderes comunitarios para solicitar la permanencia del programa de protección.

“Estamos aquí para pedirle a Dean Heller que diga lo que piensa”, dijo Kihuen en una entrevista al término del evento, señalando el apoyo de Heller a una propuesta de ley de reforma migratoria comprensiva en el 2013. “Sé que es una persona razonable. Es alguien que se preocupa por los inmigrantes. Lo demostró en el pasado y le estamos pidiendo una vez más que sea compasivo con estas familias que viven en su estado y que apoye esto”.

TPS en números

De acuerdo con un informe del Centro para el Progreso de America (Center for American Progress) en Nevada, 6,300 personas de El Salvador, Honduras, y Haití están amparadas por el TPS, y unos 5,200 niños nevadenses nacidos en los Estados Unidos tienen padres originarios de El Salvador, Honduras, y Haiti quienes están amparados por el TPS.

Un reporte del Centro de Estudios para Migración (The Center for Migration Studies, CMS por sus siglas en inglés) indicó que los seis estados con la población más grande de salvadoreños, hondureños y haitianos con TPS son California (55,000) Texas (45,000), Florida (45,000) Nueva York (26,000) Virginia (24,000) y Maryland (23,000).

El informe señaló también que las cinco industrias principales donde laboran beneficiarios del TPS originarios de El Salvador, Honduras, y Haití son: 51,700 en la construcción, restaurantes y otros servicios de comida, 32,400 en jardinería, 15,800 en servicios de cuidado de niños, y 9,200 en supermercados.

Cerca de 68,000 de ellos llegaron a los Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, un estimado de 273,000 tienen hijos ciudadanos americanos nacidos en este país, más de la mitad de beneficiarios han residido en los Estados Unidos por 20 años o más, y cerca de 27,000 trabajan por su cuenta, han creado empleos para sí mismos, o generado trabajos para otros.

De acuerdo con un reporte publicado este mes por el Servicio de Investigación del Congreso, actualmente 57,000 hondureños y 2,550 nicaragüenses están amparados por el TPS, que según la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) tiene el objetivo de proporcionar alivio humanitario de carácter temporal sin conducir a un estatus de residencia legal permanente.