Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Más de 100 autos avanzaron por Las Vegas Boulevard hacia el Edificio Grant Sawyer el viernes pasado en una caravana. Sus participantes agitaban letreros y coloridas banderas de países latinoamericanos pidiendo más apoyo económico para trabajadores inmigrantes esenciales y sus familias, quienes quedaron fuera de muchos programas de ayuda por la pandemia del coronavirus.

Esa no fue la primera caravana en la que participó Elvira Elizabeth Velasquez, quien llegó a los EE. UU. en 2018 con sus tres hijos y otras personas que buscaban huir tras un viaje de más de 1,700 millas desde Guatemala. 

Después de una ardua travesía y su llegada tan largamente esperada, el Presidente Donald Trump anunció su política de inmigración de "tolerancia cero". Inicialmente a ella la encarcelaron en El Paso, Texas y fue separada de sus hijos por un tiempo.

"[La caravana de Guatemala] era muy grande y pasamos por muchas dificultades, pero al final entendí que ... todo lo que hicimos fue algo como un sacrificio, pero tuvimos un logro, es estar aquí [los Estados Unidos] con vida", dijo Velásquez, de 35 años, en una entrevista con The Nevada Independent. “Igual sentí que es como veo el comienzo de este viaje con [la caravana] ... porque siento que vamos a lograr mucho, no solo para mí, sino para muchas familias ... que están pasando por momentos muy difíciles también".

Velasquez dijo que fue transferida de una prisión en El Paso a otro centro de detención en Texas. A medida que el centro de detención llenaba su capacidad, Velásquez recuerda que las autoridades dijeron que tenían que dejar salir a algunos inmigrantes. Entonces se le acercaron y le preguntaron si tenía familia en el país.

Ella explicó que su esposo había estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos durante casi siete años. Cuando los oficiales le pidieron su información de contacto, Velásquez recordó que había escrito su número de teléfono en un papel que pegó en la suela de su zapato.

Al día siguiente, Velasquez salió libre y fue trasladada a una central de autobuses. De ahí se dirigió a Las Vegas. Sus hijos tardaron más de un mes en reunirse con ella y su esposo.

En Las Vegas, Velasquez encontró trabajo limpiando casas, hasta que el brote de coronavirus hizo su aparición. Ella dejó de trabajar a mediados de marzo preocupada por su salud y la de las familias para quienes trabaja. Su esposo, un obrero de la construcción, no ha podido laborar desde mediados de febrero debido a una lesión relacionada con el trabajo.

Ella es parte de los millones de personas que han perdido su empleo debido a la pandemia del COVID-19, y está entre quienes no pueden recibir ayuda federal debido a su estatus migratorio, incluyendo un pago de estímulo económico. 

Sin un número de Seguro Social, tampoco reúne los requisitos para solicitar beneficios de desempleo

Al no tener ingresos, Velásquez explicó que, para sobrevivir, su familia se ha apoyado en alimentos donados por organizaciones religiosas y sin fines de lucro. Pero todavía está preocupada por los pagos, incluyendo la renta, que no podrá cubrir a menos que reciba apoyo de fuentes externas.

“Pienso que si son personas y tienen corazón y tienen familia, a nadie le va gustar ver sufrir a una persona”, dijo, refiriéndose a los líderes estatales. “Y el pensar que tienen familia, es pensar por las otras personas que también tenemos vida y tenemos hijos”. 

Aunque los manifestantes y activistas han hecho un esfuerzo para ser que el gobierno estatal los tome en cuenta, algunos organizadores han pedido un enfoque específico por parte del estado para brindar ayuda económica.

Bliss Requa-Trautz, directora del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, dijo que la crisis económica que enfrentan los trabajadores inmigrantes necesita afrontarse con soluciones que "surjan aquí en Nevada".

“Es un momento importante para que Nevada reconozca la importancia de los trabajadores inmigrantes aquí en nuestro estado, que los trabajadores inmigrantes son esenciales para nuestro funcionamiento económico normal y que los trabajadores inmigrantes serán particularmente esenciales a medida que avancemos en las primeras fases del plan del gobernador para la recuperación del estado", afirmó Requa-Trautz.

En una declaración a Telemundo Las Vegas a mediados de abril, la oficina del Gobernador de Nevada Steve Sisolak puntualizó que estaba buscando opciones de ayuda para trabajadores inmigrantes indocumentados en colaboración con la Oficina de Nuevos Estadounidenses y que daría información en cuanto estuviera disponible.

La oficina de Sisolak no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para esta nota.

Una de las principales críticas que los trabajadores inmigrantes y sus defensores tienen respecto al apoyo económico federal y estatal es que excluye a los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos, a ciudadanos estadounidenses casados ​​con inmigrantes indocumentados, a trabajadores inmigrantes esenciales y a sus hijos.

Velásquez dijo que no ha presentado su declaración de impuestos en los años recientes porque su ingreso fue muy bajo, pero su esposo hace su declaración tributaria utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Independiente (ITIN); al igual que el 55 por ciento de los inmigrantes indocumentados en todo el país, según investigadores del Urban Institute, el Migration Policy Institute, el Pew Hispanic Center y el Center for Immigration Studies.

En Nevada, los hogares liderados por inmigrantes contribuyeron con $2.2 billones en impuestos federales y más de $700 millones en impuestos estatales y locales en 2014, mientras que los inmigrantes indocumentados aportaron $86 millones durante ese mismo año, según el Consejo Americano de Inmigración.

Seis millones de trabajadores inmigrantes son considerados empleados de “primera línea”, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, trabajando en sectores como la salud, tiendas minoristas esenciales o supermercados, manufactura y agricultura. 

Del mismo modo, los inmigrantes constituyen una gran parte de la fuerza laboral en sectores “afectados” como la hotelería y servicios de alimentos, trabajadoras domésticas, como Velázquez, y construcción, como su esposo.

Otro trabajador inmigrante, Walter Martínez, comentó que se siente afortunado de tener una mejor situación que la mayoría, pero participó en la protesta de la caravana por sus amigos y miembros de la comunidad que están batallando.

“Los inmigrantes venimos a trabajar y venimos aportar a este país”, dijo. 

Martínez, un inmigrante de El Salvador quien ha tenido Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 2001, trabaja en el casino Wynn Las Vegas en el departamento de servicios públicos y ha seguido recibiendo cheques regulares de nómina desde que el casino cerró sus puertas al público. 

También recibió un pago de estímulo hace dos semanas, pero le preocupan otros amigos que continúan yendo a sus trabajos diarios en la construcción, potencialmente arriesgando su salud y quienes aún no han recibido su pago de estímulo.

Inmigrantes como Velázquez y Martínez conocen de primera mano la complejidad de dejar su vida atrás y superar grandes obstáculos para tener más oportunidades y reconocen que aunque la lucha continuará, deben perseverar.

“Seguiremos en la lucha hasta ser escuchados”, dijo Velasquez. “Porque no es una lucha de hoy ni es una lucha de ayer, va a ser una lucha de siempre para que ellos nos puedan voltear a ver y darnos el valor que realmente merecemos como personas”.