Este pasado 4 de febrero inició la 80a. sesión legislativa estatal. Los legisladores tendrán 120 días para trabajar en diferentes iniciativas de ley que se podrían traducir en cambios para los habitantes del Estado de Plata, incluyendo inmigración.

Uno de los temas que actualmente se encuentra en el ojo del huracán tiene que ver con el papel que desempeña la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y ese es también el centro de uno de los dos proyectos de ley de contenido migratorio que estará presentando en este periodo el Asambleísta Demócrata Edgar Flores en la Legislatura estatal.

En su otra propuesta, cuyos detalles puede leer en la primera parte de esta serie, Flores habló acerca de que se establezca a nivel estatal un mismo sistema para solicitantes de una certificación con miras a obtener una Visa U.

Pero durante una entrevista con The Nevada Independent en Español realizada este 6 de febrero, Flores dio más detalles de su otra propuesta, relacionada con el uso de recursos estatales y los alcances de la policía local ante las autoridades federales de inmigración.

Esta es una versión de la entrevista, que ha sido ligeramente editada para brevedad y claridad.

P: ¿Qué hay acerca de su otra propuesta acerca de detenciones de la policía e inmigración?

R: Para que la gente se pueda imaginar lo que está pasando ahorita, por lo menos en Las Vegas, voy a usar el ejemplo de una clienta mía. Ella es mamá soltera, indocumentada, quien llegó aquí en 1985 y tiene hijos mayores de edad. Pero una de las presunciones que tiene mucha gente, es que si tienes hijos mayores de 21 años ciudadanos americanos, te pueden pedir. Es incorrecto. Ella nunca ha tenido esa opción sobre la mesa. A ella hace años la pararon y multaron por manejar muy rápido y porque tenía quebrado un foco del carro.

Pagó la multa del foco, pero nunca pagó la otra parte. Se le olvidó la multa y pasaron muchísimos años. Un día fue a dejar a su nieto a la escuela y se estacionó mal. Llegó la policía. Cuando la iban a multar por estar mal estacionada, revisaron su récord y se dieron cuenta que tenía una orden de arresto de hace muchos años, por no haber pagado el otro ticket previo. La metieron a la cárcel. Una de las preguntas que te hacen cuando te meten a la cárcel es dónde naciste. Cuando dices que no naciste en los Estados Unidos, automáticamente eso hace que corran tu nombre a través de un programa que se llama 287(g).

El 287(g) es como el gobierno federal identifica que alguien es indocumentado, y típicamente después de que se dan cuenta que la persona es indocumentada, piden que la policía estatal, la cárcel de la ciudad, o el condado, detenga a ese individuo por 48 horas. Eso es a costo del estado de Nevada, nosotros estamos pagando eso.

Mientras el individuo está deteniendo, después inmigración, el gobierno federal, manda a alguien a que recoja a esa persona y la trasladen a uno de los centros de detención dentro de Nevada, como Pahrump y Henderson, uno de esos dos.

El problema que tenemos es que en muchas ocasiones estamos dando recursos estatales para detener a personas por algo civil, y déjame aclarar qué significa eso: Cuando digo algo civil, es que todo lo que pasa en inmigración se considera y se trata como un caso civil, no criminal. Entonces algo que hemos escuchado mucho por parte de la comunidad, es que se le hace un poco injusto que estemos usando recursos estatales, después de que ya han pagado su multa, o muchas familias contratan a bail bonds [servicios para pagar fianzas] y se supone que los tienen que dejar salir, pero no los están dejando salir.

Entonces una de las cosas que yo he estado hablando con las autoridades, aunque no tenemos una propuesta concreta, es ver si podemos crear una serie de prioridades en cuándo vamos a detener a alguien y cuándo no.

Supongamos que hay un individuo con una serie de antecedentes penales. Quizás se le va a detener. O si alguien tiene una felonía [delitos graves] quizás se le detiene como se está haciendo actualmente. Pero si es alguien como la persona que mencioné previamente, que nunca ha cometido ningún delito y su único error fue que se le olvidó pagar una multa de tráfico, que quizás esa persona no sea prioridad y que en esa situación no la detengamos.

Ahora, si inmigración quiere ir a buscar a ese individuo, lo puede hacer, eso es trabajo de ellos y no vamos a hacer nada para impedir eso. Pero la pregunta es cuándo vamos a usar recursos estatales para detener a alguien, cuando ya por ley, se le tuvo que dar la oportunidad de salir bajo libertad condicional, o porque pagaron la multa.

En el caso de mi cliente, obvio no sabía que debía ese dinero, pero la familia fue a pagar lo que se debía. Y aún así, la detuvieron las 48 horas para que llegara inmigración.

Entonces queremos crear una serie de prioridades y enfocarnos en quienes en realidad consideramos peligrosos porque han cometido delitos muy graves, porque ya tienen un historial de antecedentes penales de mucho tiempo, o porque quizás han cometido el mismo error continuamente.

Pero para quienes no han hecho nada violento, nunca se les ha declarado culpable y por primera vez les dan un cargo de un delito menor, no hay motivo por el que estemos usando recursos estatales para detenerlos. Pero reitero, no estoy en contra de que compartan esa información ahorita con inmigración, la conversación no va allá. Pueden compartir la información con inmigración, pero simplemente no los van a detener y usar recursos estatales para detener al individuo.

Es donde ahorita está el diálogo. Estamos analizando, qué opina la policía, nuestras cárceles y tratar de llegar a un acuerdo donde estamos haciendo algo que tampoco complace completamente a ningún lado. Estamos viendo dónde vamos, ver qué es lo que opina la policía, a ver qué es lo que opinan nuestras cárceles, y tratar de llegar a un acuerdo donde estamos haciendo algo que tampoco complace completamente a ningún lado, que estamos llegando en un punto donde estamos sentados todos en la mesa. Y tengo esperanza de que con un diálogo como el que estamos teniendo ahorita, vamos a poder llegar a un acuerdo.

P: Hace dos años la Senadora Yvanna Cancela presentó una propuesta para cambiar el acuerdo 287(g) pero es un tema muy sensible y hubo miedo de que el gobierno federal quitara fondos a Las Vegas porque se le fuera a llamar una ciudad santuario ¿Hay ese miedo de que el gobierno federal vaya a considerar a Las Vegas como ciudad santuario a través de su propuesta? ¿Tendría eso consecuencias fiscales?

R: Mi opinión es que no. Eso es completamente distinto a las propuestas que hemos visto en otros estados, o muy diferente a la propuesta de la senadora. Y el motivo es que nosotros vamos a compartir y comunicar toda la información que el gobierno federal ahorita nos está pidiendo, porque cuando me paren a mí, el indocumentado, me metan a la cárcel, les vamos a notificar: ‘Edgar Flores, indocumentado, está aquí, ahí está la información’. La vamos a compartir, dónde vive, lo que quieran, como está pasando ahorita.

La distinción, entre lo que ha pasado en otros lugares, y el tema que estoy tocando yo, es que no vamos a utilizar recursos estatales para detenerlos más del tiempo que sea necesario para que ellos puedan pagar su fianza, o si tienen algo pendiente, que resuelvan ese problema; que es como manejamos todo actualmente.

Si actualmente a un ciudadano americano lo para la policía le dice: ‘Mira, tienes una orden de arresto por tal tiempo’, la familia o ese individuo lo paga, y lo dejan salir. No estamos proponiendo nada diferente a eso, van a tener que cumplir con todos los reglamentos estatales, la única diferencia va a ser que al momento de cumplir con eso, así como cualquier ciudadano cuando sale, vamos a dejar salir a esos individuos también.

Pero nunca vamos a parar de reportar la información con el gobierno federal, que es lo que yo opino que ellos siempre han alegado, que son un estado, una ciudad, un condado y usan la clasificación de santuario en el sentido de que no quieren cooperar, o no están trabajando con el gobierno federal. Aquí al contrario, vamos a continuar todo eso, simplemente que no es justo que alguien que ya haya pagado lo que se le deba al estado, continuemos usando dinero estatal para detener a ese individuo. Vamos a compartir la información y si el gobierno federal quiere ir a buscar a esa persona tiene todo el derecho a hacerlo.