Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Como hija de inmigrantes que fueron desplazados durante la guerra civil de El Salvador que duró 12 años, ser la primera en tener una carrera universitaria y luego obtener una maestría, fueron grandes logros para Jahahi Mazariego.

Pero su momento de brillar se vio empañado por la deportación de un miembro de la familia.

Licenciada en trabajo social, Mazariego, de 28 años, se propuso apoyar y trabajar para la comunidad inmigrante por medio de su nueva carrera.

Un año después de graduarse, fue contratada como la primera coordinadora de servicios sociales en la institución donde estudió, la Universidad de Nevada, Reno, (UNR).

Ahí trabajó para que estudiantes indocumentados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tuvieran acceso a recursos para sus necesidades básicas, como vivienda o alimentos, asistencia financiera y becas, y apoyo de salud mental.

La universidad creó el cargo como respuesta a peticiones de los estudiantes en 2016 que exigían más apoyo para alumnos inmigrantes e indocumentados ante las políticas del entonces Presidente Donald Trump que buscaban eliminar DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Hay más de 12,000 beneficiarios de DACA y más de 160,000 inmigrantes indocumentados que viven en Nevada. No está claro cuántos estudiantes de UNR están protegidos por DACA o si son indocumentados.

DACA sobrevivió a través de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tuvo lugar el verano pasado, y un juez federal ordenó la restauración completa del programa en diciembre — pero sigue enfrentando amenazas legales. 

Los estudiantes de UNR que no pudieron solicitar DACA durante la Administración Trump fueron elegibles a principios de este año por primera vez desde 2017.

A cinco años de que los estudiantes pidieron a UNR que protegiera a su población inmigrante, el puesto de Mazariego está vacante, ya que busca seguir apoyando a la comunidad inmigrante; esta vez como terapeuta con licencia.

La ausencia de Mazariego en UNR deja un vacío para los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA, lo que llevó a los universitarios a pedir otra vez que se continúe financiando el puesto en medio de los recortes presupuestarios causados ​​por la pandemia. 

Los estudiantes perseveran otra vez

Hace unas semanas, la UNR respondió al llamado de los estudiantes al publicar en Internet la vacante disponible para el puesto, concretando los esfuerzos para seguir apoyando a los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA.

El Centro de Investigación Latino de UNR se sumó a la petición de los estudiantes en 2016 y continúa apoyándolos.

“Como universidad, nuestro trabajo es identificar personas talentosas y fomentar ese talento independientemente del estatus de su documentación”, escribió el coordinador del centro, J. Diego Zarazua en un correo electrónico a The Nevada Independent.

Avance y lecciones aprendidas 

Mazariego cree que la defensa del apoyo a estudiantes indocumentados e inmigrantes no debería detenerse en un puesto, sino continuar con mayores cambios en las políticas institucionales y estatales.

Mazariego hizo referencia a AB213, un proyecto de ley que brindaría tasas de matrícula estatales a cualquier graduado de una preparatoria de Nevada, independientemente de su ciudadanía. El proyecto está pendiente de evaluación en la Legislatura.

“No podemos tener terapeutas clínicos, no podemos tener más enfermeras y médicos, si no cambiamos esta política de institución porque es muy caro pagar la matrícula de otro estado como estudiante de posgrado”, dijo Mazariego. “Entonces, la lucha sigue, y espero que la próxima persona pueda continuar con este trabajo".