Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en de The Nevada Independent.

Un comité de acción política (PAC) dirigido por el Republicano y ex Fiscal General Adam Laxalt está pidiendo una sesión especial de la Legislatura para facilitar una mayor cooperación entre la policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); pero es casi seguro que los Demócratas presten oídos sordos, ya que ellos tienen la llave para que ese esfuerzo proceda. 

La campaña inició después de que el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) terminó en octubre su controvertida colaboración con el programa 287(g) y ICE, citando una decisión de un juez federal en California con respecto a que las “retenciones” son inconstitucionales a menos que un estado tenga una ley que permita específicamente que la policía local haga detenciones civiles de inmigración.

La decisión de Metro significa que la agencia ya no mantendrá a las personas tras las rejas más tiempo de lo que deberían permanecer por cargos subyacentes, a fin de darle a ICE una oportunidad para trasladarlos e iniciar un proceso de deportación.

El PAC Morning in Nevada creó un sitio de Internet denunciando las políticas “santuario” e instando a sus partidarios a comunicarse con legisladores para pedirles que “aprueben una ley que permita a Metro  participar una vez más en el programa de ICE”.

“Esto representa una seria amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos”, dice el sitio de Internet del PAC NotInNevada.com, que utiliza uno de los argumentos de la campaña de Laxalt a gobernador en 2018 respecto a que Nevada se está convirtiendo en California. “Nuestro personal estatal de seguridad debe tener las herramientas necesarias para mantener nuestros vecindarios a salvo de criminales peligrosos”.

El Gobernador de Nevada Steve Sisolak, el Presidente de la Asamblea Jason Frierson y la Lideresa de la Mayoría en el Senado Nicole Cannizzaro no respondieron preguntas acerca de si están abiertos a la idea de convocar a los legisladores un año antes de su sesión regular de 120 días.

Pero la Senadora Demócrata Yvanna Cancela, quien presentó con anterioridad una legislación acerca del programa 287(g), consideró que la iniciativa promueve el divisionismo y enfatizó que los votantes “rechazaron este tipo de políticas en 2018”.

Las probabilidades de que esta campaña resulte exitosa son escasas. Las sesiones especiales sólo se pueden convocar por el gobernador, o si dos tercios de la Legislatura apoyan la idea; Sisolak y casi dos tercios de los legisladores son Demócratas.

En los cinco años recientes, sólo hubo sesiones especiales en torno a negociaciones con fecha límite, como las que se convocaron en su momento para establecer a Tesla, el fabricante de automóviles Faraday Future, y a los Raiders, en Nevada.

Los funcionarios de Morning in Nevada no respondieron cómo las donaciones al PAC podrían impulsar una sesión especial, pero sí dijeron que obtendrán buenas respuestas.

“Como era de esperarse, ha habido una enorme respuesta a nuestro PAC de Morning in Nevada sobre este tema, desde ciudadanos comunes de todo el estado, que quieren que sus líderes electos tomen este asunto en serio como un problema de seguridad pública, en lugar de una prueba de fuego con tendencia liberal“, dijo Laxalt en un comunicado a The Nevada Independent. “Estamos solicitando una sesión especial, ya que parece ser el único remedio ante la decisión anunciada por Metro en Las Vegas”.

Condados rurales apoyan el 287(g)

La decisión de LVMPD se dio después de que la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU) envió una carta a la policía preguntando si dejaría de implementar retenciones a la luz de la decisión judicial que clasifica dicha práctica como un nuevo arresto bajo la Cuarta Enmienda Constitucional.

La Ciudad de Las Vegas ha seguido el ejemplo, pero las otras dos jurisdicciones en Nevada que colaboran con el 287(g) — los condados rurales Nye y Lyon — han declinado terminarlo.

Sherrie Royster, directora legal de la ACLU Nevada, dijo que no le sorprendía ver que las jurisdicciones rurales respondieron de esa manera a sus afirmaciones de que sus prácticas son ilegales, y agregó que le gustaría entender mejor por qué creen que el fallo de la corte no los incluye, y cuál es el alcance de su trabajo con el 287(g), a pesar de que dicha acción legal se podría discutir a futuro.

El Republicano Andy Matthews, quien ha estado involucrado en el PAC de Laxalt y ahora es candidato a la Asamblea en el Distrito 37 de Las Vegas frente a su rival Demócrata, Shea Backus, se ha comprometido a presentar un proyecto de ley al respecto en caso de resultar electo. 

“También he oído que hay mucha frustración debido a que no ha habido ningún liderazgo por parte de nuestros políticos en torno a este tema”, comentó Matthews. “Este es el problema que se ha permitido que persista de muchas maneras”.

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