El tiempo pasa y la incertidumbre crece. Inmigrantes enfrentan una dura batalla tras los recientes cambios en programas que durante años les han concedido un amparo temporal de la deportación y una autorización de empleo.

Ante ese panorama, líderes de diferentes sectores están mandando un mensaje de urgencia para que antes de que llegue a su fin este 2017 el Congreso apruebe la iniciativa de ley Dream Act 2017 en una forma “limpia”, o libre de negociaciones que impliquen obtener fondos para construir un muro fronterizo a cambio de que unos 800,000 DREAMers puedan obtener su estancia en el país. También piden una solución legislativa permanente para quienes están amparados por el TPS.

Las peticiones tienen lugar luego de que este año la administración Trump anunciara la cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y modificaciones para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

DACA

En septiembre pasado, Jeff Sessions, Procurador General de los Estados Unidos, dio a conocer la eliminación de DACA y dijo que los Estados Unidos es un pueblo compasivo de leyes, pero que no había nada compasivo en fallar al hacer cumplir las leyes de inmigración.

Aunque Trump permitió seis meses para que el Congreso diseñe una solución permanente y hasta el momento los legisladores no han iniciado un debate formal acerca del tema, líderes Demócratas están planeando reunirse este jueves con el primer mandatario para tratar negociaciones que podrían conducir a una solución para los DREAMers.

“Estoy nerviosa por lo que me puede pasar a mí, y a muchas familias si nos separan. Aquí se quedarían mis hijos y yo estaría al otro lado de la frontera”, dijo Sandra Pérez, una DREAMer de Las Vegas que este miércoles asistió a una vigilia pro inmigrante organizada por grupos progresistas a las afueras del edificio Loyd D George de la Corte de los Estados Unidos.  

Pérez, quien a los 13 años llegó a los Estados Unidos desde su natal México, dijo a The Nevada Independent que antes de ser beneficiaria de DACA su salario era menor al mínimo, pero que, gracias al programa, ahora tiene un trabajo mejor remunerado que le ofrece prestaciones para sus dos hijos.

En Nevada, unos 13,000 DREAMers están inscritos en DACA, programa que les otorga un número de Seguro Social, permiso de trabajo y alivio de la deportación.

De acuerdo con datos publicados este jueves por Pew Research Center, en los Estados Unidos unos 60,000 beneficiarios de DACA provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, cuentan con permisos de trabajo y alivio de la deportación.

En un reporte de septiembre del 2017, PEW indica que “México es, por mucho, el principal país de origen para los receptores activos de DACA (548,000), seguido de El Salvador (25,900), Guatemala (17,700) y Honduras (16,100)”.

TPS

En su reporte del jueves, PEW señala también que cerca de 195,000 salvadoreños y 57,000 hondureños con TPS están protegidos de la deportación.

El pasado 6 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el fin de ese programa para miles de inmigrantes nicaragüenses, y dos semanas después, el 20 de noviembre, la cancelación para Haití.

El DHS informó que una vez terminada la última extensión para Nicaragua el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir que los inmigrantes puedan regresar de manera ordenada a su país.

La dependencia también dio a conocer una prórroga automática de otros seis meses para Honduras, indicando que aún no se ha tomado una decisión definitiva para ese país, mientras que para El Salvador aún no ha dado a conocer una decisión.

Esa fue la razón principal por la que Bessy Bautista, originaria de Honduras y quien, junto con mamá ha sido beneficiaria del TPS desde hace 17 años, acudió el pasado 9 de noviembre a un taller organizado por Hermandad Mexicana Transnacional en Las Vegas, en donde se ofreció información a la comunidad acerca de los cambios migratorios más recientes.

“Me dio miedo cuando se dio el anuncio de la cancelación para el TPS de Nicaragua”, dijo Bautista. “Me puse a pensar en mi hijo. ¿Qué va a hacer si me deportan? Lo que veo en las noticias acerca de mi país, no es algo que quiero para mi bebé. Él está mejor aquí”.

Al terminar el evento, Bautista, quien trabaja como conductora de ambulancias, dijo en entrevista que el TPS le ha permitido trabajar y así poder pagar sus estudios, pues no pudo calificar para obtener ayuda financiera.

“Sea como sea, de Nicaragua, o El Salvador, todos somos uno”, dijo Bautista. “Aquí la gente ya está estable y no es bueno que de la nada nos arrebaten lo que nos merecemos”.

José López, quien es originario de Honduras y trabaja en una lavandería, también sintió temor al enterarse de la noticia. Ha sido beneficiario del TPS desde hace 18 años.

Entrevistado el pasado 28 de noviembre durante un taller informativo realizado en la Iglesia Santa Ana en Las Vegas, dijo que, si se llegara a cancelar el TPS para Honduras, perdería su patrimonio y su salud se vería más afectada que nunca, ya que recientemente le detectaron un tumor en el estómago y necesita estar bajo tratamiento médico.

“Le pido al señor Trump que nos extienda el TPS con vía a una residencia”, dijo López. “Si cancelan el TPS se me termina el trabajo y entonces no voy a tener aseguranza. Es un impacto grande para mi”.

Llamado a la acción

Comunicados, marchas, foros comunitarios, conferencias de prensa, vigilias y oraciones, son los recursos que han usado activistas y líderes de diversos sectores para urgir al Congreso a que actúe antes de que acabe el año. Esas llamadas de acción también están empezando a proceder por parte de los Republicanos, quienes jugarán un papel en decidir si se llega a una solución, ya que tienen la mayoría en el Congreso.

El pasado 4 de diciembre la organización FWD.us dio a conocer una carta firmada por unos 20 miembros de la comunidad religiosa y empresarial de Las Vegas, entre ellos el Ex Congresista Republicano Cresent Hardy.

En su misiva, dirigida a los miembros de la delegación de Nevada en el Congreso, pidieron que antes de que llegue el 2018 pasen una legislación para proteger a los DREAMers del Estado de Plata.

En una entrevista vía telefónica con The Nevada Independent en español el pasado miércoles, Hardy, quien está considerando contender por el puesto en el Congreso que perdió el año pasado ante el Demócrata Rubén Kihuen, señaló que apoya a los DREAMers por sus contribuciones y porque fueron traídos por sus padres indocumentados a este país a muy corta edad y sin culpa propia.

“No conocen otro país más que este”, dijo Hardy. “Sirven en el ejército, son parte de la comunidad y de nuestra fuerza de trabajo. En mi opinión, son estadounidenses en todos los sentidos, a no ser por su estatus de inmigración”.  

Durante un evento convocado por la Iniciativa LIBRE en Las Vegas el sábado 2 de diciembre, el Senador Republicano Dean Heller expresó su confianza en que el Congreso comenzará a revisar políticas migratorias y posiblemente a una solución para DACA antes de las fiestas de fin de año.

El Congresista Republicano por Nevada Mark Amodei dio a conocer en un comunicado de prensa que, junto con otro grupo de Republicanos de la Cámara de Representantes el pasado 30 de noviembre, había firmado una petición de descarga para mover la legislación de DACA al piso de votaciones antes de fin de año.

Unos 30 Congresistas Republicanos enviaron una carta a Paul Ryan, Presidente del Congreso este 5 de diciembre para pedirle que someta a votación en el pleno un proyecto de ley dirigido a otorgar estatus legal de permanencia a los DREAMers que están amparados por DACA.

Además de las misivas y las marchas, el Pastor Joel Menchaca también dirigió un mensaje de esperanza a los inmigrantes amparados por DACA y el TPS.

Menchaca, quien ha sido pastor de la Iglesia Amistad Cristiana de Las Vegas durante 38 años y entre sus feligreses tiene a jóvenes DREAMers, dijo en entrevista que restan unos días para que los legisladores determinen qué van a hacer.

“Los que crean, y puedan, que nos ayuden con sus oraciones”, dijo.

Opciones legales

Además de los llamados de acción hacia el Congreso, líderes comunitarios y activistas se han enfocado también en realizar talleres de asesoría migratoria para que beneficiarios de DACA y TPS averigüen con expertos si tienen otras alternativas legales para permanecer en el país, algo que muchos de ellos desconocen.

Entrevistada en un foro de inmigración convocado por grupos progresistas el pasado 28 de noviembre en la Iglesia Santa Ana de Las Vegas, la abogada Laura Barrera, de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho Boyd School of Law de UNLV, dijo que aunque no todos los beneficiarios de estos programas podrían ser elegibles para otras opciones migratorias, era importante seguir informando a la comunidad.

“Cualquier persona con TPS que tenga un hijo mayor de 21 años que sea ciudadano de los Estados Unidos, o un esposo ciudadano, podrían ser elegibles para una visa inmediata si ese hijo o cónyuge solicita una petición familiar”.

Barrera señaló que, si han sido víctimas de un crimen o violencia doméstica, hay una posibilidad de que obtengan una Visa U, o una petición para VAWA (Violence Against Women Act, por sus siglas en inglés). Agregó que otra opción podría ser para dueños de negocio que puedan invertir y crear fuentes de trabajo en la comunidad, o para quienes hayan sido víctimas de tráfico humano.

En eso coincidió Tirso Sermeño, Cónsul de El Salvador en Las Vegas, quien también asistió al foro de la Iglesia Santa Ana.

Durante una entrevista con The Nevada Independent en Español, Sermeño dijo que su consulado está llevando a cabo una serie de jornadas con abogados de inmigración que proporcionan asesoría migratoria gratuita a beneficiarios del TPS, y agregó que se mantenía optimista de que las autoridades federales se den cuenta de las aportaciones de la comunidad TPS, no solo para sus países de origen, sino para los Estados Unidos.

“Es bueno que las autoridades no vean al TPS como un programa”, dijo Sermeño. “Si no que vean que está conformado por personas, por familias, trabajadores y profesionales. No es un programa, es la persona que lo conforma”.